En medio de la escalada del conflicto por el juicio a Cristina Kirchner sobre el desvió de fondos públicos que habría ejercido durante sus mandatos como presidenta, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, salió a defenderla y trazó un paralelismo entre la “proscripción” actual y los tiempos del peronismo a mitades del siglo XX.

“En 1955 usaban el Partido Militar para proscribir a Perón; ahora usan el Partido Judicial con la inhabilitación de cargos públicos sin pruebas. Acá se vulneraron todas las garantías del debido proceso. Cercenan el Código de Procedimientos y es muy grave”, afirmó en diálogo con Rolando Graña y el equipo de RPM por la AM 990.

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El funcionario añadió que “estamos ante la crónica de una operación anunciada. Lo de estos fiscales no fue un alegato y nadie puede sorprenderse de su actuación. Ellos fueron recusados por jugar al fútbol en la quinta de Mauricio Macri”, en relación a la filtración de las imágenes del fiscal Diego Luciani y el juez de la causa Rodrigo Giménez Uriburu en un complejo deportivo del expresidente.

Por este hecho, los abogados defensores solicitaron el apartamiento del caso para ambos, algo que finalmente fue descartado por la Justicia. “Estamos hablando de un sector del Poder Judicial que entraba y salía de la quinta de Los Abrojos [de Macri]. Ya con tener pruebas de eso, uno puede imaginar lo que vendrá después. Y entre bomberos no se pisan la manguera”, denunció Soria.

Esta mañana, tras no poder ampliar su declaración en indagatoria, Cristina brindo una conferencia por su canal de YouTube. Durante una hora y media, acusó un intento del “Partido Judicial” por proscribirla y volvió a vincular a jueces y fiscales con dirigentes de la oposición y empresarios allegados al macrismo, a los que acusó de corrupción, como la relación de los bolsos de José López (secretario de Obras Públicas del kichnerismo) con Nicolás “Nicky” Caputo (empresario y dirigente del PRO).

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El pasado lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la condena de 12 años de prisión y una proscripción perpetua para ocupar cargos públicos contra la vicepresidenta, a quien acusan (junto a otros exfuncionarios y contratistas) del desvío de fondos de 51 obras públicas viales de la provincia de Santa Cruz durante sus dos etapas como mandataria, en el marco de sociedad ilícita conjunta con el empresario Lázaro Báez.

Pese a ser el primer juicio en el que Cristina llega a una instancia comprometida como son los alegatos, de los cuales se desprenderá la condena final o la absolución (posiblemente dentro de seis meses y un año), para el ministro de Justicia no existe evidencia contundente por parte de la Fiscalía que a la acusa por corrupción.

"No pudieron aportar ni una sola prueba para demostrar la asociación ilícita. Esto es muy parecido a lo que intentaron hacer con el memorándum. Esto es un show mediático para una serie de Netflix", concluyó.