El fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata Daniel Adler propuso la confirmación del fallo que suspendió las actividades de exploración petrolera off shore frente a las costas de esa ciudad balnearia.

Se trata del proyecto denominado “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina: Cuenta Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, que fue suspendido mediante una medida cautelar por el juez Santiago Martín. La medida fue apelada por el Estado Nacional y por las empresas que preveían realizar las tareas. “El desarrollo humano debe serlo con el medio ambiente y no en contra o pese a él”, sostuvo el fiscal Adler.

La suspensión de la exploración fue impulsada por una decena de organizaciones ambientalistas encabezadas por Greenpeace, que sostienen que “este proyecto constituiría un paso previo a la instalación de petroleras en la costa bonaerense”. Las organizaciones reclaman la suspensión inmediata de la exploración sísmica -método que se emplea para localizar hidrocarburos en el fondo marino- en la Cuenca Argentina Norte del Mar Argentino.

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El fiscal Adler, en esa misma dirección, subrayó que la Argentina “ningún progreso económico puede en pos de su consecución, implicar el detrimento del medio ambiente”.

La fiscalía repasó minuciosamente los informes ambientales, las advertencias sobre los riesgos y la supuesta falta de información a la sociedad sobre eventuales consecuencias de esos trabajos off shore. “Ha sido precisamente la ciudadanía, a través de sus representantes, la que ha dispuesto que quienes tienen la encomienda de dirigir temporalmente los destinos del país deben, al menos en materia ambiental, actuar solo después de haber asegurado un debate previo, amplio y prolífico en el seno de la comunidad y considerando todas y cada una de las observaciones que la ciudadanía haya efectuado sobre la temática”, sostuvo el dictamen del fiscal.

“Es claro que deben establecerse Políticas de Estado. Nadie lo duda y es más, resulta un reclamo histórico de la ciudadanía. Sin embargo, esa política en materia ambiental debe ser claramente transmitida a los ciudadanos para que estos puedan debatir y acompañar la decisión, o por el contrario, manifestar su rechazo y proponer vías institucionales en pos de su cesación, entre las cuales se inserta esta acción judicial”, insistió Adler.

El dictamen no es vinculante, de modo que la Cámara Federal de Mar del Plata podría seguir su criterio o fallar en sentido contrario.