Los movimientos sociales más duros están dispuestos a volcarse a la calle otra vez en lo que resta del año. El próximo jueves en el Obelisco porteño se votará un plan de lucha a partir de las 11 de la mañana y del que participarán unos cinco mil delegados. Buscan una respuesta a las políticas dispuestas de auditorias en los programas sociales. 

Según una fuente cercana al Polo Obrero, consultada por NA, durante esa cumbre piquetera se planteará la idea de realizar un acampe inédito hasta ahora de tres días. Deberán definir también si será frente al Ministerio de Desarrollo Social o en la Plaza de Mayo, pero desde la Unidad Piquetera pretenden dar una muestra de fuerza y visibilizar su agenda, que pareció quedar relegada en las últimas semanas.  

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Entre las principales inquietudes de los movimientos sociales no alineados al gobierno de Alberto Fernández aparece el futuro del Potenciar Trabajo. A principios de septiembre, el Ejecutivo desvinculó a 40 mil beneficiarios que también cobraban Becas Progresar, una decisión que ven como una nueva traba para los jóvenes de los sectores más marginados.

En paralelo, habrá un nuevo rechazo al acuerdo con el FMI, así como también reclamos de soluciones ante el aumento del trabajo no registrado, la pobreza estacionada en el 40 por ciento y la necesidad de refuerzos de alimentos para comedores y merenderos barriales. Las medidas de fuerza no solo estarán localizadas en la Ciudad de Buenos Aires, sino también movilizaciones en el resto del país y cortes en rutas nacionales.

Según trascendió, los acampes podrían suceder a partir del 26 de septiembre. Enfrentados con la CGT, a quienes le han llegado a marchar en simultánea el mismo día que lo hizo la central obrera se movilizó por última vez, y distanciados de dirigentes sociales oficialistas con lo que había entablado diálogo en el último tiempo, como Juan Grabois, la Unida Piquetera pretende sacar una tajada antes de fin de año y de la llegada de las Elecciones 2023.

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En el medio también deberá lidiar con una cruzada política entre el oficialismo y la oposición que se ha centralizado a más no poder alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. Al impacto que causó el atentado que la vicepresidenta sufrió en la puerta de su casa en Recoleta, la causa por Vialidad es otro tema que de alguna forma ha corrido el foco de la política económica de “ordenamiento fiscal” de Sergio Massa.

Por otro lado, desde que tomó el poder de la cartera de Desarrollo Social en agosto de 2021, el ministro Juan Zabaleta se reunió más de una decena de veces con Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Silvia Saravia (Barrios de Pie – Libres del Sur) y Mónica Sulle (MST Teresa Vive), principales líderes de la Unidad Piquetera, con más desencuentros que coincidencias. Hoy, las negociaciones entre el rumbo del gobierno y lo que pretenden los movimientos sociales troskistas van por sendas opuestas.