Los gobernadores del Norte Grande remarcaron la "importancia de sancionar una ley de humedales", pero aclararon que deber haber "un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas".

En medio de su gira por Estados Unidos, los mandatarios provinciales se expresaron respecto a la iniciativa ambiental que se discute en la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, los gobernadores norteños afirmaron que comparten "la importancia de sancionar una ley de humedales, después de tantos años de debate".

De todos modos, aclararon que cualquier iniciativa legislativa debe reconocer que las provincias tienen el "dominio originario de los recursos naturales" y que ninguna de ellas "abdica de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan".

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"Es nuestra responsabilidad conservar y encontrar un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas, que son estratégicas en nuestra región. De otra manera se favorecerán procesos de inequidad territorial, poniendo en riesgo actividades económicas que son fundamentales para el bienestar de los argentinos y para la transición climática", remarcaron los mandatarios provinciales.

Asimismo, indicaron que "ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias".

Los gobernadores subrayaron que la norma "debe focalizarse sobre los humedales naturales, no en los derivados de la acción antrópica", y afirmaron que las provincias tienen la potestad de "realizar sus inventarios" sobre las zonas a proteger.

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"Ninguna ley debe establecer moratorias que generen una paralización a las actividades productivas, ni a las actuales ni a los proyectos en desarrollo, ya que todos los proyectos que tengan lugar en humedales deben atravesar los correspondientes procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por las provincias", plantearon.

Respecto al financiamiento, consideraron que "el Fondo de humedales no debe ser inferior al 0,3 % del Presupuesto nacional", y pidieron que se integre a partir del próximo ejercicio, "para garantizar que las provincias puedan cumplir con las disposiciones de la ley".

Y agregaron: "La distribución de los recursos de ese Fondo a las provincias debe realizarse con criterios objetivos, claros y justos. Asimismo, deben llegar a las jurisdicciones en la etapa inicial de aplicación, lo cual no obsta que posteriormente las jurisdicciones deban rendir cuenta de su uso y cumplir con condiciones. Los condicionamientos iniciales a la transferencia de fondos, ralentizarán los procesos en las provincias".

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Además, los mandatarios de las provincias norteñas aseguraron que "cualquier órgano consultivo que se incluya en una ley debe garantizar la participación de todos los sectores directamente involucrados en la gestión de humedales".

"Dicho órgano debe ser de carácter consultivo, no reemplazará ni suplirá, burocratizará la toma de decisiones por parte de las autoridades. Ni deben representar estructuras administrativas adicionales", advirtieron.

Finalmente, exigieron la "consolidación del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) como ámbito de articulación interjurisdiccional para la coordinación de la implementación y aplicación efectiva de la ley" y se quejaron de que una iniciativa surgida de ese órgano "no fue analizado en el Congreso y representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años", por lo que consideraron que "debería ser tomada en cuenta en este debate".