La Procuración del Tesoro le presentó a la jueza María Eugenia Capuchetti los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) que cuestionan las condiciones en que la Argentina accedió al préstamo del FMI en 2018.

Según revelaron voceros de la Procuración, en los últimos días el organismo entregó a la jueza que instruye una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y otros ex funcionarios elaborados por la AGN a fines de febrero pasado.

Esos informes fueron firmados en minoría por el Auditor General, Miguel Ángel Pichetto. Esos documentos reflejan que “la celebración del citado acuerdo de endeudamiento estuvo viciada por múltiples irregularidades, resultantes de la violación de diversas normas legales y reglamentarias”.

La Procuración del Tesoro, el organismo que encabeza Carlos Zannini, impulsó en marzo de 2021 una denuncia contra la conducción política y económica del gobierno de Cambiemos y se constituyó en querellante por los presuntos delitos de “violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación a la Administración Pública Nacional”.

La Procuración enumeró entre las conclusiones de la AGN que “no fueron cumplidos los procedimientos internos específicos previstos para la aprobación de préstamos provenientes de organismos multilaterales”.

Además, subrayó que “los expedientes administrativos destinados a respaldar el Acuerdo Stand By fueron generados, con informes insuficientes, a posteriori de la firma de aquel instrumento” y que el Banco Central (BCRA) no emitió la opinión pertinente respecto del impacto de la operación sobre la balanza de pagos futuros”.

En ese sentido, la AGN —subrayó la Procuración— “señaló que la operación de Stand By tuvo un alto impacto negativo sobre el perfil de vencimientos futuros, afectando la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública”.

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El documento destaca que “la operación no fue aprobada por el Congreso de la Nación”, pero esa situación pudo haber sido zanjada por la Ley 24.156, que delegó en el Poder Ejecutivo la firma de acuerdos de endeudamiento con organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”.

Sin embargo, contrapone la presentación, “tampoco fue dictado un Decreto presidencial aprobando esta operación, la que fue concertada por funcionarios que carecían de competencia para ello, excediendo sus atribuciones”.

“Los ingresos resultantes de los desembolsos segundo y tercero del Préstamo Stand By no fueron incorporados al Presupuesto General de la Administración Nacional; anomalía esta que (…)  impidió un adecuado control de la gestión presupuestaria del ejercicio 2018”, agrega el texto.

La AGN –citó el documento de la Procuración- consideró que “la deuda no resultaba sostenible” y abundó: “En un contexto de déficit de cuenta corriente y libre entrada y salida de capitales”.

“Los datos reflejan una situación de alto riesgo de incumplimiento de pagos de servicios de la deuda pública y vulnerabilidad económica, lo que permite afirmar que la deuda pública Argentina al 31/12/18 era insostenible”, reitera el reporte.

Los abogados del Estado subrayaron que otro organismo de control, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “había detectado ya que buena parte de los fondos desembolsados por el FMI entre junio y agosto de 2018 fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda y el BCRA para la venta de divisas al mercado, en violación a los compromisos asumidos ante el organismo internacional en cuanto al destino de esos recursos”.

“Debían ser empleados como apoyo presupuestario y sólo excepcionalmente podrían ser empleados para su venta. (…) Las autoridades incumplieron la obligación de realizar informes periódicos, que aseguraran la trazabilidad y transparencia en el uso de aquellos fondos”, insistieron.