La respuesta oficial de la Cancillería enseñó un entusiasmo muy moderado para participar como socio pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un organismo internacional conocido como el “club de los países ricos” porque las 38 naciones asociadas reúnen el 62,2% del Producto Bruto nominal global y el 42,8% del PBI global.

Además, representan el 60% de los flujos de comercio internacional y el 75% de la inversión extranjera directa mundial. Constituye uno de los foros más influyentes que establece lineamientos y ofrece cooperación en numerosas áreas, como economía, educación, transparencia y ambiente.

Asimismo, ha operado como organismo técnico encargado de implementar y hacer seguimiento de múltiples iniciativas lanzadas por el G20.

Lo anterior es sólo una muestra de la importancia de este foro multilateral al que, por ejemplo, nuestro principal socio, Brasil, ha decidido avanzar con su membresía sin ningún tipo de demoras.

La comparación no es inapropiada porque tanto Brasil como la Argentina han recibido sendas invitaciones para pertenecer a la OCDE en el mismo momento en el que la recibió, también, Perú.

Sin embargo, a diferencia de esos dos países latinoamericanos que respondieron de manera expedita en el sentido de cumplir con las exigentes normas que deben cumplirse para ingresar al selecto club, la administración de Alberto Fernández volvió a lucir paralizada con una respuesta que, en principio, no estuvo a la altura de las circunstancias.

En principio, el canciller Santiago Cafiero quiere conocer las políticas económicas a implementar por el gobierno nacional para sumarse a la organización y teniendo en cuenta las reformas liberales que deberían realizarse en materia laboral, impositiva, fiscal y monetaria parecen ser requisitos de difícil cumplimiento, en medio de la puja existente entre los socios del Frente de Todos en el poder.

Por otra parte, el ministro de economía, Martín Guzmán, es un entusiasta de la idea de asociación y asi se lo transmitió al secretario de la OCDE, Mathias Cormann el pasado 23 de marzo en París.

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Los expertos contables de PWC explicaron a NA que, “…la obtención de la membresía podría beneficiar a Argentina, permitiéndole profundizar los lazos comerciales con otros países miembros y, de este modo, estimular el crecimiento económico. Asimismo, el cumplimiento con estándares estadísticos de transparencia y de anticorrupción de la OCDE, permitirían aumentar la credibilidad y confianza en el país. La posibilidad de integrarse a un bloque que posee un elevado nivel de ingreso promedio, podría implicar para el país una eventual expansión de su oferta de bienes y servicios exportables, aunque al mismo tiempo signifique adaptarse a exigencias institucionales, regulatorias y económicas que ciertamente serían un desafío”.

Precisamente, en esos desafíos es donde se hallaría el mayor escollo para contestar con un rotundo, “Sí quiero pertenecer” en vez del “Ni” proferido desde el Palacio San Martín con la clara intención de ganar tiempo hasta que se defina, para bien o para mal, la interna que mantiene semi paralizada a la administración de Alberto Fernández.

Nótese la diferencia con la política desplegada en Brasil para ingresar a la OCDE. El influyente ministro de economía del gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, acaba de asegurar que antes de 2025 Brasil será un miembro pleno del organismo.

En una reciente entrevista con la agencia EFE analizó cómo Brasil avanza a más velocidad que otros países para ser miembro de la OCDE, “…hemos lanzado iniciativas, como la anunciada hace dos semanas, sobre la reducción progresiva del Impuesto sobre Transacciones Financieras sobre las divisas, una medida exigida para ingresar en la OCDE y que supone que se elimine en 2028 para todas las operaciones de este tipo”.

Durante los últimos días de marzo, Guedes estuvo en París y se reunió con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, para analizar los esfuerzos de su gobierno en el proceso de adhesión a la organización, al entender que contribuirá positivamente al proceso de modernización económica y normativo puesto en marcha para mejorar la tributación, las finanzas y la inversión extranjera.

De hecho, si Brasil cumple todos los requisitos, incluidos algunos objetivos ambientales necesarios para pertenecer y que siempre suponen un escollo para la dirigencia de Brasilia, será, después del 2024, el único país del mundo en ser parte del G20, pertenecer a la OCDE y ser una economía emergente BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, países considerados economías emergentes, con un gran potencial, que pueden llegar a estar entre las economías dominantes a mediados de siglo. Todos ellos son ricos en recursos naturales y su producto interior bruto (PIB) ha crecido mucho en los últimos años.

En ese sentido, Argentina no pertenece a este último foro pero si está presente como integrante del G-20. Por lo que participar de la OCDE, que para muchos analistas, es el brazo ejecutor de las decisiones que se adoptan en el G-20, debería ser un paso natural en el área de las relaciones internacionales.

Es por ello que la adhesión e incorporación del país a la OCDE podría tratarse de una auténtica política de Estado que el diplomático Marcos Bonturi, director de Relaciones Globales de la OCDE en el año 2016, explicó en un seminario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)  “la OCDE es vista, en la actualidad, como un foro de políticas públicas, que busca soluciones comunes, identificar buenas prácticas y, en algunos casos, codificarlas”.

Bonturi señaló que la relación con la Argentina se inició en los años ’80, y que hoy el país participa en varios comités y adhiere a los estándares de la OCDE. “Por lo que la experiencia argentina y la perspectiva argentina, enriquecen mucho el debate de políticas globales en la OCDE, por ello, la organización ve con buenos ojos el acercamiento al país”.

Fue durante la administración de Mauricio Macri cuando más se hizo por lograr la incorporación del país pero el proceso de adhesión ya había sido solicitado durante el gobierno de Carlos Menem, sin éxito, y fue impulsado, con distinto énfasis, durante el gobierno de la Alianza de Fernando De La Rúa, por Néstor Kirchner y sólo durante los años de Cristina Fernández se ralentizó el interés por conseguir el carnet de socio.

Acaso, en la natural desconfianza que parece tener de todos los foros de poder occidentales, de parte de la actual vicepresidenta de la Nación, se explique la poco entusiasta respuesta de la administración de Alberto Fernández a pertenecer a la OCDE. 

Porque, en definitiva, la bolilla negra para Argentina no provendría de la falta de acuerdo en materia ambiental o tributaria como en Brasil sino de uno de los flagelos que la democracia ininterrumpida que goza la Argentina desde hace casi cuatro décadas, no ha logrado solucionar, la corrupción.

Adecuar normas y gestionar organismos que trabajen de manera eficiente contra este flagelo que produce muertes y pérdidas millonarias a las naciones que padecen actos de corrupción es uno de los puntos exigidos por la OCDE para pertenecer.

El estudio sobre integridad en Argentina que preocupa al gobierno

El reporte realizado por investigadores del organismo señala que la población argentina percibe que el flagelo de la corrupción está muy presente en sus vidas diarias y si bien esta percepción está cerca del promedio regional es elevado con respecto a Europa o al resto de los países que integran el G-20.

El informe comienza por recomendar conocer la profundidad del problema y resalta las medidas adoptadas desde 2015 que aseguraron el acceso a la información pública, en algunos casos se retrocedió en esa materia desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, el avance en la ley de responsabilidad penal o el tratamiento de la ley del arrepentido.

Sin embargo, muchos de estos procesos calificados como avances de parte de los funcionarios de la OCDE, están siendo puestos en entredicho por las críticas al funcionamiento de la Justicia de parte del sector más cercano a la actual Vicepresidenta de la Nación.

Las conclusiones del trabajo de la OCDE enumeran la necesidad de realizar un sistema de integración coherente de medidas anti corrupción que involucre a la sociedad entera.

Entre las recomendaciones se aboga por una Oficina Anticorrupción (OA) autónoma del poder de turno y con una mayor autonomía financiera además de apuntalar a otras oficinas que auditan a las instituciones de la República.

Por otra parte, se pide, explícitamente, que se fortalezca la ética pública y que los agentes estatales sean elegidos por mérito a pesar de las reservas que ha mostrado el Presidente en ese sentido al criticar la noción de meritocracia.