La defensa de Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”, pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo que le permitan acceder a “expedientes restringidos” para garantizarle el derecho de defensa.

El abogado Gastón Marano advirtió que tanto la fiscalía cuanto la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner requirieron la elevación de la causa a juicio aludiendo a pruebas a las que él nunca tuvo acceso.

“No puede exigirse de esta defensa que evacúe la vista de dos escritos (nada menos que del requerimiento de elevación a juicio del bloque acusador), cuando dichos escritos contienen menciones a pruebas y elementos que la defensa desconoce”, advirtió Marano.

“Se nos está pidiendo que ejerza a ciegas las centrales facultades que el articulado habilita a la defensa en este hito procesal”, insistió.

La defensa de Carrizo explicó que “no tiene acceso a legajos restringidos, lo cual ha cercenado la posibilidad de controlar la legalidad de los actos realizados en ellos”.

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La restricción, añadió el abogado Marano, “no puede seguir sosteniéndose porque  la instrucción se encuentra completa, con lo cual no hay entorpecimiento alguno que pueda deducirse del acceso a dichos expedientes, y en los requerimientos de elevación a juicio, tanto del fiscal como de la querella, se hacen copiosas menciones a piezas procesales contenidas en dichos legajos, que no puede controlar esta defensa para dar adecuada respuesta”.

En ese contexto, reclamó una “prórroga” de los plazos procesales para el pedido de elevación a juicio oral de la causa, para que se  “habilite a esta defensa el acceso a los expedientes denominados “restringidos” obrantes en esta causa”.

Entre las medidas de prueba a las que Marano adujo no haber tenido acceso figuran la convocatoria a una trabajadora del canal Crónica TV, “la intervención de los teléfonos utilizados por Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo en la cárcel” y alusiones a la denominada “pista Milman”, en relación con el diputado opositor Gerardo Milman.

Los otros dos detenidos en la causa, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte –ambos asistidos por defensores oficiales- aceptaron que la causa pase a la etapa de debate oral y público.