La mayoría oficialista de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó hoy el informe realizado por el oficialismo con la formulación de los cargos por presunto mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes serán citados para que hagan su descargo.

La presidenta del cuerpo, Carolina Gaillard (Frente de Todos) fue la encargada de leer el informe con las conclusiones de la exhaustiva investigación realizada durante largos meses por el accionar de los cortesanos en cuatro causas, que motivan el proceso de destitución en sus cargos.

Las causales son: el fallo del 2x1 en el cómputo para la conmutación de la pena de represores de la última dictadura militar, las irregularidades en el funcionamiento de la obra social judicial, el fallo que favoreció a la Ciudad en la coparticipación de recursos federales y el "asalto" al Consejo de la Magistratura.

Con la aprobación del informe con la formulación de los cargos, quedó a su vez votado el traslado a los jueces a quienes se los convocará para que hagan su descargo presencial o por escrito en un lapso máximo de diez días hábiles.

Si decidieran comparecer presencialmente, Gaillard informó que se les otorgará audiencia para el 7 de noviembre, de manera tal que hacia el 17 de noviembre la comisión esté en condiciones de dictaminar.

"La presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación", informó la entrerriana.

Para la jornada de este miércoles estaban convocados testigos a instancias de la Coalición Cívica en el marco del juicio político que impulsan únicamente contra el juez Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, ninguno de los cuatro citados acudió a la reunión de la comisión y justificaron su ausencia con excusas diversas.

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Uno de los convocados era el ex administrador de la Corte Héctor Marchi, cercano a Lorenzetti, quien justificó su incomparecencia vía telefónica y recordó que ya había asistido dos veces en calidad de testigo.

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, avisó que no podría concurrir ya que estaba afectado a reuniones en el marco de un conflicto sindical de su gremio.

Tampoco estuvieron Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; ni Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti. 

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, señaló a Lorenzetti como el responsable de "presiones" para que ninguno de los testigos fuera de la partida.

"El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones y llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos", aseguró.

López cuestionó al oficialismo por "dejar para el final" del proceso las audiencias en la causal de abuso de poder que habían presentado Elisa Carrió y la diputada Paula Oliveto contra Lorenzetti.

"Evidentemente despierta mucho menos interés acusarlo que al resto de los ministros de la Corte", acusó el titular del bloque de la CC-ARI, quien dijo que no le extraña que desde el Frente de Todos hayan dejado esta causal para el final".

Por su parte, Oliveto sostuvo: "Estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer", y agregó: "Hemos sufrido hostigamiento mediático cuando los denunciamos porque el poder te golpea y te dice ‘acá estoy’ y te dice ‘fíjate lo que soy y fíjate de qué lado estas vos".

Gaillard le contestó que “este proceso se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible” y le aclaró que están incluidos en el trámite "todos los pedidos de juicio político y se ha determinado audiencias por cada una de las temáticas".

En otro orden, la presidenta de la comisión informó que en la tarde de este miércoles la presidencia de la comisión enviaría al juzgado del doctor Ariel Lijo el informe preliminar elaborado por la subcomisión dedicada a investigar sobre las irregularidades en las prestaciones de la obra social judicial de la Nación, que está a cargo del máximo tribunal de Justicia.