La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al gobierno argentino para que en el plazo máximo de cuatro meses se pronuncie sobre un reclamo de Lidia Papaleo sobre el traspaso de las acciones de la empresa Papel Prensa en 1977, al comienzo de la última dictadura.

“Solicito respetuosamente al Gobierno de Su Excelencia tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses”, sostiene la nota remitida por la CIDH al canciller, Santiago Cafiero.

Lidia Papaleo denunció ante la CIDH presiones y violaciones a los derechos humanos para el traspaso accionario de la empresa en junio de 2018, después de que la Corte Suprema dejara firme el sobreseimiento para todos los imputados y descartara la comisión de delitos.

Así se inició el expediente caratulado como “Lidia Elba Papaleo de Graiver. P-2029-18. Argentina” ante la CIDH.

El organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que “la presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”.

Además, recuerda que “en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos”.