El camarista federal porteño Mariano Llorens resolvió que una denuncia de diputados de Juntos por el Cambio contra el presidente, Alberto Fernández y otros funcionarios por supuesto fomento y protección de grupos mapuches acusados de acciones violentas en la provincia de Río Negro, tramite en los tribunales de Comodoro Py 2002.

En un fallo unipersonal de la Cámara Federal porteña, Llorens rechazó que el expediente se sustancie ante la Justicia Federal de Río Negro, escenario geográfico de los hechos cuestionados a los funcionarios.

El fallo, que dirime una cuestión de competencia, recomienda “ahondar en la pesquisa a fin de arribar a la más aproximada descripción de los sucesos denunciados, que aparecen como mucho más amplios que los hechos puntuales de usurpación acaecidos en extraña jurisdicción”.

Así, la denuncia  -presentada a fines de octubre del año pasado por Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Pablo Torello, entre otros legisladores opositores- quedó radicada ante el juzgado federal a cargo del magistrado Luis Rodríguez.

La denuncia apunta, además de al Jefe del Estado, al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por "asociación ilícita, sedición, usurpación y incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La denuncia cuestiona “la actitud del Gobierno nacional, que fue por lo menos pasiva al rechazar irresponsablemente el pedido de auxilio formulado por la gobernadora de Río Negro",  Arabela Carreras.

El juez Rodríguez había enviado el expediente a Río Negro, pero Llorens determinó que “la declinatoria (de competencia) resulta prematura, ante la ausencia de una investigación suficiente que permita determinar de manera concreta los hechos contenidos en la noticia criminal”.