La Cámara Federal porteña rechazó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa en la que el ex secretario de Finanzas del gobierno de Cambiemos Santiago Bausili fue procesado por haber contratado como gestor de la colocación de bonos de la deuda para salir del default con los fondos buitres al Deutsche Bank, el banco para el que trabajó hasta antes de asumir en la función pública.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Bausili el 21 de abril pasado y mantuvo abierta la investigación en torno a la actividad de otros ex funcionarios, entre ellos el ex  ministro de Finanzas Luis Caputo y el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

La UIF, a través de Claudio Castelli, titular de la Dirección de Litigios Penales, pidió ser tenido como parte querellante, pero la pretensión fue rechazada y llegó hasta la Cámara Federal.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron el rechazo porque “la UIF es la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a fin de prevenir e impedir el delito de lavado de activos proveniente de la comisión de diversos ilícitos, entre los cuales se encuentran aquellos cometidos contra la administración pública”.

Pero contrapusieron que “los hechos objeto de esta encuesta resultan ajenos a dicha previsión normativa, en tanto la presente se relaciona y circunscribe, al menos de momento, a la actuación interesada de los ex funcionarios Luis Caputo, Mario Quintana y Santiago Bausili, en la designación de las entidades bancarias participantes y en la adquisición de títulos de deuda colocados mientras éstos cumplían funciones”.

Los camaristas subrayaron que “la conducta descripta fue encuadrada por el acusador público en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ilícito que excede la autorización que normativamente le ha sido otorgada”.

En disidencia, el tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, sostuvo que “las aún inexploradas aristas de la facticidad objeto de investigación, sumadas a la complejidad evidente del entramado sometido a escrutinio judicial, permite justificar a priori el legítimo interés de la UIF para querellar en esta causa”.

Boico apeló a un criterio amplio sobre las facultades de la UIF, “más allá del acierto o error de las hipótesis de cargo” esbozadas hasta ahora.

“Lo expuesto aquí me persuade que en este caso la UIF puede ejercer el rol de querellante que pretende”, se pronunció en soledad.

El procesamiento de Bausili, que aún no está firme, le imputa haber prestado “conformidad para que, entre otras cosas, el Deutsche Bank, entidad de la cual él tenía acciones y otras por recibir, fuese designado como banco colocador y reciba, por ello, un 0,12% del monto colocado, 7 mil millones de dólares”.

La intervención del Deutsche Bank en destrabar la situación con los fondos buitres le reportó una comisión superior a los ochos millones de dólares.

“El cargo -y la función- que poseía en el organigrama no sólo del Ministerio de Finanzas sino de la Administración Pública en general era fundamental. Sólo hay que repasar los objetivos trazados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas para verificar la importancia de su actuación”, resumió el fallo.