La Cámara Federal aceptó revisar una prueba clave en causa por presunta “persecución fiscal”
Se trata de las computadoras que usaba Jaime Mecikovsky, señalado como el organizador de esas supuestas persecuciones que tenían amplia difusión en medios de comunicación.
La Cámara Federal porteña aceptó la revisión de una prueba clave en la causa contra ex funcionarios de la AFIP durante la gestión de Cambiemos acusados de “persecución fiscal” a opositores políticos y personajes público y de la farándula.
Se trata de la utilización como prueba de las computadoras que utilizaba el ex funcionario de la AFIP Jaime Mecikovsky, señalado desde la actual conducción del organismo recaudador y por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como el organizador de esas supuestas persecuciones que tenían amplia difusión en medios de comunicación.
Mecikovsky era un funcionario que a fines de 2018 fue designado al frente de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo durante la gestión en la AFIP de Leonardo Cuccioli.
Con el cambio de gobierno, las nuevas autoridades de la AFIP resolvieron una preservación interna de las computadoras que utilizaba Mecikovsky para preservar su contenido, lo denunciaron ante la Justicia y presentaron esas máquinas como elemento de prueba.
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La Cámara Federal anuló la validez de esa prueba, lo que implicaba que el contenido de las computadoras y otros dispositivos no se podía usar en la investigación y todo lo actuado a consecuencia de ello era nulo.
Tanto las querellas cuanto la fiscalía, a cargo de Paloma Ochoa apelaron la medida.
“Las partes han dado razones para demostrar que la decisión conduce a un estado que, si bien no torna imposible la continuación de su trámite, por la entidad que reviste podría generar un agravio no susceptible de reparación ulterior”, reconocieron los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
“Advertimos la existencia de un motivo suficiente para que el caso sea debatido y resuelto por la Alzada”, añadieron.
Ello significa que será la Cámara de Casación la encargada de definir el futuro de la investigación, que ya roza los cuatro años de tramitación.