La Cámara Federal de Casación Penal puso en crisis la declaración de crímenes de lesa humanidad a las torturas aplicadas por mandos militares a soldados que combatieron en la guerra de Malvinas.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña hicieron lugar a la apelación presentada por la defensa de uno de los acusados, Jorge Ferrante, contra un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Ferrante está acusado de haber estaqueado al soldado Julio César Más en la antesala de un bombardeo británico y sólo fue liberado de sus ataduras por otro soldado cuando comenzó el ataque enemigo.

La Cámara de Comodoro Rivadavia estableció la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los jefes militares en el conflicto bélico, de modo tal que las torturas podían juzgarse independientemente del paso del tiempo.

Pero la Casación equiparó la situación de Ferrante con un caso que ya había sido juzgado en 2009, en un expediente en el que otros jefes militares fueron sobreseídos por extinción de la acción penal por el paso del tiempo.

El tribunal trazó un paralelo de su situación con la de otros acusados por torturas, para quienes se dictó la prescripción de la causa y el fallo adquirió fuerza de cosa juzgada.

Aquel fallo determinó que “no es el carácter militar de las víctimas lo que determina la solución del presente caso, sino la falta de requisito de sistematicidad o generalización del ataque. Estos recaudos aparecen exigidos para caracterizar el hecho como delito contra la humanidad”.

La resolución asimilada ahora al nuevo fallo consideró entonces que “no se ha demostrado que el ataque a quienes se señala como víctimas haya sido parte u objetivo de una política. No se advierte que hayan sido la consecuencia de una política o plan determinado de ataque hacia una población o grupo en el escenario del conflicto bélico en territorio argentino del Atlántico Sur”.

Además, el fallo aclaraba que los delitos hubieran ocurrido “durante la recuperación de las Islas Malvinas dispuesta por el gobierno militar que ejercía el poder en ese entonces, acusado de graves violaciones a los derechos fundamentales de la persona que han sido calificadas como delitos de lesa humanidad y que aún hoy se están juzgando, no permite per se calificarlos en tal categoría si no se demuestra la concurrencia del elemento de contexto”.

El nuevo fallo dictado por la Cámara de Casación volvió sobre aquella decisión, pese a lo cual aclaró que lo resuelto ahora “no implica abrir juicio sobre la cuestión de fondo”.

Pero en ese punto, parece contradecir el criterio fijado por el tribunal patagónico, por cuanto si los delitos cometidos en Malvinas son imprescriptibles, entonces Ferrante no pudo ser sobreseído por prescripción.

La tercera integrante del tribunal, Ana María Figueroa, votó en disidencia y recordó la obligación asumida por el Estado argentino frente a los delitos de violaciones a los derechos humanos.

La jueza federal de Tierra de Fuego Mariel Borruto dictó procesamientos por torturas que fueron confirmados por la Cámara de Comodoro Rivadavia y, además, dispuso una decena de declaraciones indagatorias en el mismo contexto.

El centro de ex combatientes CECIM La Plata, querellante en la causa, consideró que “este fallo es un fallo a la medida de la impunidad que buscan los torturadores de Malvinas”.
La causa tiene a 95 militares imputados y más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto.