En la antesala de la movilización del kirchnerismo contra la Corte Suprema, la alianza Juntos por el Cambio remarcó este sábado que la Constitución establece el modo para remover jueces y subrayó que "este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno", ya que advirtió que "se trata lisa y llanamente de una actitud golpista".

El espacio opositor cuestionó el apoyo de funcionarios nacionales, incluido el presidente Alberto Fernández, a la marcha a Tribunales convocada para el próximo martes y afirmó que el respaldo oficial "es un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos".

"Ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos", sostuvo Juntos por el Cambio a través de un comunicado.

Tras ratificar el "compromiso con la defensa de la Constitución y la Justicia", la oposición aseguró que el interés del Gobierno "siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia vicepresidenta (Cristina Kirchner)".

En ese sentido, Juntos por el Cambio cuestionó las iniciativas del Gobierno y el Frente de Todos en el Congreso para modificar a la Justicia y subrayó que la "firme actitud" del interbloque opositor en ambas cámaras "ha impedido que esas iniciativas prosperaran hasta el presente".

"Simultáneamente, se han tratado de justificar a las causas de corrupción ignorando la verdad o falsedad de los hechos o la culpabilidad o inocencia de sus autores, atribuyéndolas a un inexistente y burdo `lawfare´, una persecución política orquestada por la administración anterior, los medios de comunicación, empresarios y jueces. No importa entonces si esos graves hechos existieron o no, y quienes los cometieron, todo cae en la bolsa común del `lawfare´", añadió el texto difundido.

Además, se cuestionó "la prédica constante tendiente a deslegitimar a las decisiones judiciales y a los jueces que fallan de modo contrario a los intereses del Gobierno" y se criticó la visita de funcionarios a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala: "Resulta inadmisible que varios ministros del Poder Ejecutivo hayan visitado a una condenada por corrupción, reclamando su libertad como si fuera `presa política´, cuando está siendo juzgada en varias causas, y ya ha recibido condena firme en alguna de ellas".

De cara a la movilización del próximo martes al Palacio de Tribunales, Juntos por el Cambio destacó que la forma para remover jueces de la Corte Suprema está establecida en los artículos 52, 59 y 60 de la Constitución Nacional.

"Este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno. No sólo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del Presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución", lanzó.

En ese sentido, destacó la importancia de la separación entre los distintos poderes del Estado e hizo hincapié en que "el aspecto esencial a preservar y proteger" de la Justicia "es su independencia, esto es la autonomía y separación de los otros poderes estatales e, incluso, fácticos o económicos".

"Sólo así se asegura la imparcialidad que tienen que tener los jueces para decidir con sujeción sólo al Derecho vigente y no a cualquier otro interés. La democracia requiere de la plena vigencia del Estado de derecho. La Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia constituyen el gran marco de convivencia de una sociedad", agregó.

Como cierre, Juntos por el Cambio aclaró que "no se tolerará que se siga menoscabando la credibilidad de los jueces" y exhortó al Gobierno "a seguir los caminos que marca la Constitución, respetar las decisiones judiciales cualesquiera fueran éstas y finalizar los ataques permanentes contra la Corte Suprema de Justicia, sus integrantes y los tribunales inferiores".