La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibirá mañana al contador Héctor Marchi, administrador general de la Corte Suprema, desplazado días atrás de su cargo con el voto de tres de los cuatro magistrados, luego de que entregara un informe que pone en evidencia graves irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). 

El cuerpo presidido por Carolina Gaillard realizará una nueva audiencia desde las 13 hs en la que desfilarán varios testigos, entre los cuales se destaca Marchi, hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, el único juez del supremo tribunal que votó en contra del desplazamiento de aquel a la Cámara Federal de Seguridad Social.

Para Lorenzetti, se trata de un "vendetta" de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda hacia Marchi por haber destapado en un informe exhaustivo los manejos discrecionales de millonarios fondos de la obra social, cuyo control recae en la Corte. 

Tras conocer la decisión del alto tribunal sobre esta suerte de castigo hacia Marchi, el oficialismo se frotó las manos y sin perder tiempo convocó a Marchi para que aproveche el escrutinio de un ámbito público como la comisión para prender el ventilador contra quienes lo enviaron al ostracismo judicial. Para el Frente de Todos, el testimonio de Marchi es una oportunidad de abrir la caja de Pandora sobre los manejos "non sanctos" de la Corte. 

Días atrás, en un viejo pleito, lo enfrenta con Elisa Carrió, el ahora exsecretario de Administración había recusado a los tres supremos que este jueves lo corrieron del cargo.

La semana pasada, Gaillard envió una nota a Rosatti solicitándole por segunda vez el envío urgente de los informes surgidos de una serie de auditorías realizadas sobre la OSPJN, para sumar prueba documental en el marco de la investigación de este causal del juicio político por mal desempeño contra los jueces de la Corte.

El presidente del tribunal solo le había remitido a la entrerriana uno de los cuatro informes de supervisión: los legisladores se enteraron de que no habían tenido acceso a la totalidad de la información a través de la fundamentación del voto en disidencia de Lorenzetti al corrimiento de Marchi.

Allí, el magistrado consignó que el ahora ex administrador le había enviado a Rosatti cuatro informes, de los cuales solo hizo público uno, y los tres restantes los mantuvo ocultos inclusive de los demás ministros de la Corte.

En los informes y en las 18.000 fojas complementarias que Marchi envió a Rosatti se consignó que hubo pérdidas por 3.000 millones de pesos en apenas seis meses por no invertir el dinero de la OSPJN en plazos fijos, que se extraviaron miles de medicamentos y que la compra de medicamentos se hace por contratación directa y no por vía de un proceso de licitación transparente.

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De todos modos, las conclusiones del primer informe al que tuvieron acceso los diputados de la comisión fueron lapidarias, y así lo dieron cuenta los testigos que declararon la semana pasada en la audiencia.

Las pericias sobre la obra social habían sido ordenadas al ahora ex director de la prestadora médica Aldo Tonón a principios del año pasado por el propio tribunal, que pidió analizar el período comprendido entre abril de 200 y septiembre de 2021. 

Cercano a Maqueda, Tonón (a quien la Corte le aceptó la renuncia el 30 de marzo pasado luego de denunciar que no tenía capacidad de ejecución sobre los fondos de la obra social) había sido convocado como testigo la semana pasada pero resolvió no asistir alegando que ya está siendo investigado penalmente por este mismo motivo y que de sus declaraciones en la comisión podría autoincriminarlo.

En una nota enviada a Gaillard, el ex funcionario de la Corte consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten, por lo que pidió ser eximido de declarar por el momento.

La titular de la comisión contestó que,  según el artículo 240 del Código Procesal, "toda persona tiene la carga pública de prestar declaración testimonial", por lo que volvió a convocarlo para este martes.

Le aclaró a Tonón que en caso de que alguna pregunta que se le formulase en el marco de la audiencia testimonial pudiera llevarlo a autoincriminarse, tenía el derecho a abstenerse de responder, como ya han hecho otros testigos.

Además de Marchi y Tonón, para este martes fueron citados Gustavo Montanini (Docente UBA), Sebastián Clerici (Secretario letrado CSJN), Enrique de Vedia (Prosecretario letrado CSJN), Enzo Canónaco (Médico Legista), Valeria Díaz (Afiliada OSPJN) y Laura Ambrosio (Afiliada OSPJN).

La comisión de Juicio Político busca determinar si se cometieron irregularidades al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a raíz de esas vacancias se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma.

A su vez, se busca profundizar en la investigación por presuntos desórdenes en la registración contable, desmanejos en la adquisición de medicamentos (contratación directa, sin licitación transparente), en el control de stock de medicamentos, y falta de informatización y digitalización de autorizaciones médicas que llevan a demoras e incumplimientos con afiliados.