Juicio Político a la Corte: el Frente de Todos reunió a su tropa en Diputados y definió las reglas de juego del debate
La comisión de Juicio Político podría comenzar a reunirse en la semana del 23 de enero, fecha en la que -se especula- se iniciarían las sesiones extraordinarias que el Gobierno está a punto de convocar.
A las puertas del inicio del trámite de Juicio Político a la Corte Suprema que impulsa el Gobierno nacional, la totalidad de los miembros oficialistas que integran la comisión homónima en la Cámara de Diputados se dieron cita hoy en el despacho principal del bloque del Frente de Todos para acordar las reglas del juego del debate que comenzaría en la semana del 23 de enero.
En este sentido, los miembros oficialistas de la comisión que encabeza Carolina Gaillard (Frente de Todos) aseguraron que ofrecerán "un debate con argumentos, alejado de chicanas e interés mezquino".
"Estudiaremos a fondo decisiones tomadas por la Corte y sus implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones", aseguraron en un comunicado, en el que destacaron la "asistencia perfecta" al cónclave, que estuvo liderado por el jefe de la bancada, Germán Martínez.
En la comisión se tendrán en cuenta todos los proyectos de solicitud de Juicio Político a miembros de la Corte, y no únicamente el proyecto en cuestión que cuestiona la intromisión del máximo tribunal en la coparticipación federal de recursos y en la composición del Consejo de la Magistratura.
De esa manera, se habilitará el tratamiento de otros proyectos como el presentado por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, o el de la diputada kirchnerista Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz por el 2x1 a militares genocidas.
En las últimas horas, se definió que el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo no tendrá la firma del presidente Alberto Fernández, sino que será presentado con las rúbricas de diputados oficialistas que ni siquiera integran la comisión. De todos modos, se trata de una formalidad, ya que el proyecto reproducirá exactamente el texto que entregó la semana pasada el jefe de Estado a Gaillard y a Martínez.
Esta formalidad, sin embargo, persigue una lógica, y obedece a que un proyecto de juicio político presentado por el Gobierno pierde estado parlamentario en un año, mientras que si lo presentan diputados nacionales la vigencia es de tres años.
"Trabajaremos desde la Comisión analizando los pedidos de juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo haremos en pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y el reglamento de la Comisión de Juicio Político", se comprometieron.
"Convocamos a todos los bloques que integran la Comisión de Juicio Político a dar una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina", finalizaron.
Los diputados del Frente de Todos ya se ubican en la línea de largada pero aún falta tiempo para el pistoletazo: resta que el Gobierno envía de una buena vez por todas la convocatoria a sesiones extraordinarias (que incluirá los proyectos de juicio político contra integrantes de la Corte), cuyo inicio se presume que será el 23 de enero.
La acusación del Gobierno se basa en dos grandes denuncias, que tienen como base común la supuesta invasión de la Corte Suprema en asuntos que son competencia y facultad excluyente del Poder Legislativo.
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Por un lado, la denuncia por haber favorecido de forma irregular al Gobierno porteño en el conflicto por la coparticipación de la masa de recursos federales, según se desprende de la lectura de chats entre Silvio Robles, vocero de la presidencia de la Corte, y el ministro de Justicia y Seguridad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro. Allí acusan a los cuatro ministros de la Corte.
El otro eje de la acusación tiene que ver con la injerencia de la Corte en la elección de los miembros al Consejo de la Magistratura por el estamento legislativo, beneficiando a Juntos por el Cambio en perjuicio del Frente de Todos.
En este caso la denuncia es contra todos los jueces a excepción de Lorenzetti, quien no firmó el polémico fallo.
El lunes pasado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió de forma virtual y, entre otros asuntos definió que sus bloques parlamentarios estarán presentes durante el debate que se dará en la comisión de Juicio Político una vez que el oficialismo lo ponga en marcha.