El FdT afina la estrategia de cara al juicio político a la Corte, y JxC amenaza con paralizar el Congreso
El oficialismo busca abordar en sesiones extraordinarias todas las iniciativas de juicio político contra miembros de la Corte, no solamente el último que impulsa el Poder Ejecutivo. Este proyecto llevará la firma de diputados del Frente de Todos y no de autoridades del Gobierno.
Mientras espera la convocatoria a sesiones extraordinarias del Gobierno, el Frente de Todos afina su estrategia de cara al trámite de juicio político contra la cúpula de la Corte Suprema, al tiempo que Juntos por el Cambio
amenaza con paralizar el Congreso en la medida en que el oficialismo persista con su "atropello" al máximo tribunal de Justicia.
Hoy se conoció que el proyecto no llevará la firma de representantes del Poder Ejecutivo, sino las de un grupo de legisladores oficialistas, y además la idea del oficialismo es incorporar al temario de extraordinarias otras iniciativas previas de solicitud de juicio político realizadas por diputados de distinto signo contra magistrados del máximo tribunal.
Así lo reveló Rodolfo Tailhade, miembro de la comisión de Juicio Político, que tendrá en sus manos primero la apertura del sumario y luego la sustanciación con pruebas del expediente de acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
"Lo van a presentar diputados del bloque que no forman parte de la comisión", detalló, y agregó que será el mismo texto del proyecto de Alberto Fernández "pero firmado por diputados" del Frente de Todos.
Tailhade, quien es una de las principales espadas judiciales del kirchnerismo, explicó los motivos detrás de esa decisión: "Un proyecto de pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo tiene un plazo para ser llevado al recinto de un año, mientras que en el caso de uno presentado por diputados tiene como plazo tres años".
Según señaló, ese plazo le da "mucho mayor margen" al oficialismo para avanzar contra la actual composición de la Corte.
La acusación del Gobierno se basa en dos grandes denuncias, que tienen como base común la supuesta intromisión de la Corte Suprema en asuntos que son competencia y facultad excluyente del Poder Legislativo.
Por un lado, la denuncia por haber favorecido de forma irregular al Gobierno porteño en el conflicto por la coparticipación de la masa de recursos federales, según se desprende de la lectura de chats entre Silvio Robles, vocero de la presidencia de la Corte, y el ministro de Justicia y Seguridad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro. Allí acusan a los cuatro ministros de la Corte.
Magistratura
El otro eje de la acusación tiene que ver con la injerencia de la Corte en la elección de los miembros al Consejo de la Magistratura por el estamento legislativo, beneficiando a Juntos por el Cambio en perjuicio del Frente de Todos.
En este caso la denuncia es contra todos los jueces a excepción de Lorenzetti, quien no firmó el polémico fallo.
Los legisladores del oficialismo solicitarán que en marco del procedimiento de Juicio Político sean citados a brindar testimonio los senadores Luis Juez y Huberto Schiavoni, que son los que llevaron adelante la estrategia parlamentaria que le habría sugerido Robles a D´Alessandro para no convalidar la designación de los senadores del Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura.
La estrategia terminará de pulirse en una reunión del bloque del Frente de Todos que tendrá lugar mañana entre los 16 diputados que integran la comisión de Juicio Político. Allí surgirá un pedido especial al presidente Alberto Fernández para que en el decreto con la convocatoria a extraordinarias no figure únicamente en el temario el último proyecto de juicio político a la Corte impulsado por el propio Gobierno, sino que se haga referencia en general a las solicitudes de juicio político contra miembros del supremo tribunal.
De esa manera, se habilitará el tratamiento de otros proyectos como el presentado por la Coalición Cívica contra Lorenzetti, o el de la diputada kirchnerista Vanesa Siley contra Rosenkrantz por el 2x1 a militares genocidas.
En diálogo con Diputados TV, el diputado de la coalición Cívica Rubén Manzi, se mostró en desacuerdo con esa jugada del oficialismo y explicó cuáles son para él las motivaciones ocultas.
"Forma parte de una herramienta estratégica, de tratar de meter una cuña. Nuestros cuestionamientos a Lorenzetti no tienen nada que ver con este proceso que se inicia. Es otra cosa. Pero es cierto que es parte de la estrategia de meter una cuña y tratar de azuzar una división en Juntos por el Cambio", analizó el catamarqueño.
Este lunes, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió de forma virtual y, entre otros asuntos definió que sus bloques parlamentarios estarán presentes durante el debate que se dará en la comisión de Juicio Político una vez que el oficialismo lo ponga en marcha.
Para arrinconar al oficialismo y buscar disuadirlo en su intentona contra la Corte, advirtieron que "mientras siga este atropello" al Poder Judicial no darán quórum para tratar ningún otro proyecto que impulse el Gobierno nacional o el Frente de Todos.
La advertencia de Juntos por el Cambio sobre una posible parálisis legislativa exhibe el extremo riesgo que está tomando el Gobierno al jugar la carta del juicio político contra la Corte, llegando al punto de sacrificar la agenda de proyectos que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa, para tratar en extraordinarias, con el blanqueo de capitales como prioridad absoluta.