Por Antonio D’Eramo

Se puede pecar por acción y por omisión. En el primer caso, nadie quita de la cabeza de los investigadores del despacho de la jueza federal María Servini que su denuncia por venta de droga en el penal de Devoto tiene la complicidad de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por lo que procedió a denunciar a la interventora penitenciaria María Laura Garrigós y a su superior el ministro de Justicia, Martín Soria.

En el segundo caso, las sospechas se extienden entre funcionarios que asesoran al Presidente Alberto Fernández en materia de seguridad quienes habían alertado que la división de inteligencia criminal, fundamental para prevenir los delitos en ciernes del crimen organizado, había sido desmantelada por la actual gestión penitenciaria mostrando un desinterés lindante con el delito de parte de las autoridades del SPF.

Este último punto también fue una cuestión de análisis en la denuncia presentada por María Servini quien cosechó la solidaridad de muchos de sus pares ante la desidia mostrada por los funcionarios del Ministerio de Justicia nacional.

En los pasillos de Comodoro PY 2002, sede de los juzgados federales, los magistrados saben que intentar investigar un delito dentro de las cárceles es una tarea típica de la serie de Misión Imposible.

La razón principal es el desmantelamiento de la oficina de inteligencia y la necesidad de recurrir a policías de encubierto con los riesgos que una operación de ese estilo implica.

Si no fuera por esos agentes que trabajan tras las líneas enemigas ningún delito podría investigarse o desbaratarse porque los únicos que ingresan a un penal son los presos o los penitenciarios.

Ahora bien, la causa denunciada por Servini, contiene en si misma una arista relacionada con la denuncia por lawfare que esgrimen públicamente dirigentes kirchneristas.

Cuando Servini solicitó a Asuntos Internos del SPF, en mayo de 2021, investigar una denuncia de un preso que involucraba al Centro Universitario de Devoto (CUD), el lugar donde se estudia en el penal, las autoridades del SPF informaron a la magistrada que no podía realizarse la investigación porque la oficina de inteligencia había sido desmantelada y no había nadie que desarrollara sus tareas.

La razón de terminar con esta valiosísima oficina que, entre otras acciones, hubiera prevenido crímenes ordenados por los jefes de las bandas que permanecen encarcelados, fue la investigación de la “operación puf” donde se advirtió que los presos kirchenristas eran objeto de escuchas telefónicas, lo que determinó el desmantelamiento del área de inteligencia del SPF.

Para Servini hay responsabilidad política y penal sobre los funcionarios María Garrigós y Martín Soria.

LEÉ: Servini denunció al ministro Soria y al Servicio Penitenciario por no colaborar con una investigación

A pesar de la gran cantidad de advertencias lanzadas por distintos organismos estatales y judiciales, Garrigós se sostuvo en el puesto como una funcionaria inamovible cuya principal virtud es su fidelidad a las demandas de Cristina Fernández de Kirchner.

Una intocable, hasta que la locura criminal de las pandillas o clanes rosarinos de narcomenudeo puso en evidencia que en las cárceles federales ya no mandan los agentes del SPF ni, tampoco, los ladrones como solía ocurrir entre la población carcelaria. Los narcotraficantes han tomado el control de los presidios federales al igual que lo hicieron en muchos provinciales ante la insólita desatención de las autoridades políticas.

En septiembre de 2021, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias, elevó un informe al Procurador General, Eduardo Casal, de 26 páginas, donde dejo escrito, en blanco sobre negro, la necesidad urgente de constituir una mesa de trabajo para frenar el incremento de “las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas que se planifican y realizan desde las cárceles.

Un ejemplo de lo que señalaba en ese entonces el fiscal Iglesias implicaba al penal de Ezeiza “Se acreditó que Marco Estrada Gonzáles continuó liderando la organización dedicada a la distribución y comercialización de drogas y acopio de armas de fuego, arraigada en el interior del asentamiento poblacional de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como Villa 1-11-14, desde el Complejo Penitenciario Federal II, en el que se encontraba detenido. Se comprobó que esta persona, a través de familiares, mantuvo activa una cadena de mando para transmitir directivas y continuar con las actividades delictivas de la estructura ilícita de la organización”.

A pesar de todos estos hechos los capos narcos continuaron manejando el negocio detrás de los barrotes como ha quedado demostrado con la reciente balacera que asesinó a un niño inocente en la ciudad de Rosario.

Desde entonces, las autoridades del Ministerio Público Fiscal suelen hacer trascender a la prensa que no tienen dudas respecto a la connivencia del personal como de las autoridades del SPF.

Iglesias también fue uno de los funcionarios judiciales que solicitaron la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), para avanzar sobre las responsabilidades del personal penitenciario.

Su titular, el fiscal Sergio Rodríguez, comenzó a indagar por los expedientes que se tramitan en tono a las actividades de Guillermo Cantero, líder de la narco banda rosarina Los Monos.

Sin contar el año 2020, el de la pandemia de Covid-19, cuando los presos pudieron tener celulares ante la imposibilidad de recibir visitas, sólo se realizaron 4 sumarios y, además, el organismo que conduce Rodríguez, denunció que la SPF que dirige María Laura Garrigós, incumplió con la ley nacional que exige la colocación de inhibidores de señales telefónicas en las cárceles.

Un recurso que solía utilizar durante su mandato presidencial la actual vice presidenta Cristina Kirchner cuando realizaba sus apariciones públicas o sus actos en la Casa Rosada.

El inexplicable desmantelamiento de la oficina de inteligencia ni siquiera es avalado por organismos de derechos humanos.

Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó “…la inteligencia criminal de ahora en adelante debería asumir un rol trascendental en analizar las nuevas manifestaciones de la criminalidad y en la selección de herramientas modernas para el diseño de la seguridad y de la política criminal, haciéndose cargo también del uso de tecnologías emergentes inexploradas en nuestro país”.

Por acción u omisión de algunos funcionarios, el poder del narco parece haber ganado la guerra, como sostuviera el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.