El ministro de Justicia, Martín Soria, salió en defensa de Cristina Kirchner luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) diera a conocer los fundamentos de la condena contra la vicepresidenta por supuestos desvíos de fondos públicos. “El objetivo fue, es y será prohibir que vuelva a ser presidenta de todos los argentinos”, cuestionó. Además, remarcó que se trata de un "veredicto insostenible" ya que "no encontraron una acreditación suya en los hechos".

En declaraciones radiales, el funcionario nacional focalizó en las “contradicciones” del documento de más de 1.600 carillas que difundió esta mañana el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso por la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner fue condenada en primera instancia durante diciembre de 2022 a seis años de prisión y la prohibición perpetua para ejercer cargos públicos.

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De acuerdo con Soria, “ni los fiscales, con sus tres toneladas de pruebas, que tanto anunciaba Clarín, ni el Tribunal, la bandita de Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri donde se juntaban a jugar al fútbol, con sus 1600 páginas del día de la fecha no han sido capaces de encontrar un solo hecho que acredite la participación de Cristina Fernández de Kirchner”. En ese sentido, expresó que en la sentencia “se inventan responsabilidades que no existen".

Así, a los jueces les endilgó “ahorrarnos todo este circo y escribir en una sola hoja que al Poder Judicial no le importa ni los hechos ni las pruebas y que el objetivo fue, es y será prohibir que Cristina vuelva a ser presidenta de los argentinos”. Y cerró: “Intentaron culparla por supuestos hechos de corrupción, pero mágicamente dicen que los funcionarios de las obras viales no son culpables de nada. Entonces, expliquen qué tiene que ver la vicepresidenta”.

Los fundamentos del veredicto

A través de un escrito que se añadió a la causa judicial en formato digital, Tribunal Oral Federal 2 consideró que existió un “plan criminal” por parte de la Vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner en favorecer durante su Gobierno al empresario Lázaro Báez con la cesión de obra publica vial en la provincia de Santa Cruz y por la cual estimó hubo una defraudación al estado en casi 65 millones de pesos en esos 51 licitaciones bajo sospecha. 

A partir de la resolución, corre el tiempo para las apelaciones a la Cámara Federal de Casación Penal, pues junto con la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos quedan en stand by hasta que el fallo quede firme, esto es que resuelva la Corte Suprema de Justicia. Tanto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, como la defensa de Cristina Kirchner y demás acusados, cuentan con diez días hábiles para apelar a la Cámara Federal de Casación Penal.