El aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires tiene, en su parte sur, la Aerostación Militar (AMA), que opera exclusivamente para naves de Estado nacionales y extranjeras que trasladen autoridades de primer nivel.  

El reglamento indica que “...dichas ACFT estarán autorizadas a operar y estacionar según disponibilidad, previa coordinación con operaciones del área militar. Las aeronaves privadas que trasladen autoridades solo podrán operar en APN para ascenso / descenso de pasajeros y carga de combustible. Debiendo requerir los recursos aeroportuarios para pernocte a la empresa concesionaria del aeropuerto”. 

En ningún momento del reglamento se prevé que aviones propios o rentados a nombre de alguna compañía pueda utilizar la base militar. Sin embargo, según una investigación de la Justicia revelada por el diario Clarín, se trataría de una maniobra habitual de empresas de primer nivel cuyos ejecutivos no desean aterrizar en Ezeiza o en San Fernando para trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires y prefieren aterrizar en la base militar, a metros de la Costanera, y dejar estacionada la aeronave allí para volver a utilizarla luego. 

Una degradación absoluta de las instalaciones de la Fuerza Aérea Argentina sólo para cobrar una especie de parking de estacionamiento que, difícilmente, se encuentre autorizado en los reglamentos y, como suele suceder en estos casos, nadie sabe quien dió la órden para que vuelos privados desciendan allí. 

El caso de los ejecutivos del Grupo Sancor Seguros parece ser el más emblemático, pero no sería el único.  

Por el momento, la Justicia trabaja sobre la denuncia presentada en el mes de mayo por el abogado Santiago Dupuy contra la la titular de la Dirección General de Logística, Florencia Gastaldi. La fiscalía a cargo dio curso al expediente sin imputar a la acusada, pero pidiendo medidas de prueba para constatar si se autorizaba o no el estacionamiento en la Base Aérea Militar de Aeroparque a dos aviones privados por una suma cercana a los US$ 25 mil dólares mensuales. 

Esa sería la tarfia que abonan los hombres de negocios por utilizar las instalaciones militares. La mecánica de reparto de esa importante cifra no está esclarecida. 

En el aeroparque saben que esto sucede desde hace años y atraviesa varias gestiones militares y distintos gobiernos. 

Técnicos aeronáuticos consultados por NA y personal de Aduana coincidieron en señalar que “...a las empresas les sirve el servicio inventado porque la posición que tiene la base militar es muy buena. Imagínate que el aeropuerto te cobra un impuesto por el taxi y por ocupar un espacio con un avión privado aparcado del lado de enfrente de la base. Del lado que está la autopista. Para que te des una idea, si vos no usas el aeropuerto de San Fernando, como estación aeroportuaria privada y usas Aeroparque, estás a 5 minutos del centro y lo va a querer todo el mundo. Hay hasta compulsas por utilizar el servico. El tema es que habría que ver hasta qué punto la Fuerza Aérea puede alquilar la base. Hay que ver la legalidad de la decisión que es difícil de negar u ocultar”. 

Por ello, ante la revelación periodística Grupo Sancor Seguros, decidió explicar que,  "En una época, 2014 aproximadamente, nos autorizaban a bajar en Aeroparque con nuestra aeronave cuando íbamos desde Sunchales. Luego cambió la normativa, desde 2015 bajábamos en Aeroparque y contratamos un hangar con Royal Class”. 

Las pruebas periodísticas muestran un documento del año 2018 firmada por Fernando Villaverde, coordinador de vuelos durante la gestión de Cambiemos. En Sancor Seguros dijeron que “Esa nota firmada por Fernando Villaverde en 2018 se realizó para hacer un vuelo al exterior. Es un trámite necesario para poder hacer el viaje. No lo podemos hacer desde Sunchales. Son gestiones necesarias. Aquí no hay ningún ilícito y jamás pagamos ningún precio en efectivo a nadie", aseguró el vocero de la empresa santafesina. 

Villaverde parece no hacerse responsable y traslada la inquietud a la conducción de entonces de la ANAC, el organismo que regula las actividades de la aviación civil en todo el territorio nacional. 

"La internacionalización era a requerimiento con la ANAC y tenía que venir autorizada eso sí. Son dos cosas distintas: una la internacionalización y otra el uso de la Base Militar" aunque reconoció que "se cobraba parking para dejar el avión ahí, pasó con dirigentes de la Conmebol". 

La internacionalización del Aeroparque es una solicitud que funciona como un paso previo para utilizar la base militar. Ese paso queda registrado en documentos oficiales. 

Mientras la investigación judicial avanza con la firme sospecha de un entramado civil y militar para prestar servicios vips de vuelos ejecutivos, en Casa Rosada, en las oficinas de la poderosa secretaria general, Karina Milei y, en las oficinas del Edificio Cóndor, sede del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, la preocupación va en aumento por una práctica que nunca se detuvo.