En el marco del plan de desregulación económica impulsado por el Gobierno nacional, la Secretaría de Transporte, a través de la Resolución 59/2024, dispuso la abrogación -anulación- de normas históricas que regían la capacitación de choferes del transporte automotor de pasajeros bajo jurisdicción nacional.

La medida apunta a flexibilizar el sistema y abrir la formación a nuevos prestadores, con el objetivo de promover la competencia y mejorar los estándares de calidad.

La resolución firmada por el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, deja sin efecto la Resolución 16/1995 y la Resolución 984/2006, normas que, por casi tres décadas, regularon la capacitación y habilitación de conductores en el ámbito del transporte de pasajeros.

De esta manera, el Estado busca implementar un "nuevo esquema de transporte", caracterizado por la libertad de contratación y la participación de proveedores particulares idóneos en la formación profesional. La medida, según Mogetta, se alinea con los principios de desregulación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que promueve la libre competencia y la eliminación de barreras en la prestación de servicios.

Más competencia y menos intervención estatal

La derogación de las normas previas significa el fin del monopolio que regía desde 2006, cuando la Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros fue designada como único prestador habilitado para dictar cursos obligatorios.

La Secretaría de Transporte justificó la decisión alegando la necesidad de “dotar de herramientas más ágiles y flexibles al sistema”. En la práctica, esto permitirá que cualquier proveedor capacitado y validado pueda ofrecer formación profesional, en pos de una “amplia pluralidad de prestadores” y una mejora en la oferta.

El Gobierno también destacó que la medida busca reducir costos y expandir las inversiones en el sector, con la finalidad de fortalecer la competitividad y mejorar la calidad de los servicios de transporte.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial en el centro del proceso

Como parte del proceso de adecuación normativo, la resolución instruye a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a revisar y ajustar el marco reglamentario vigente. Este organismo seguirá siendo el encargado de supervisar la seguridad y formación de conductores, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir para Transporte Interjurisdiccional.

La ANSV deberá implementar las modificaciones necesarias para garantizar que la capacitación cumpla con los requisitos de seguridad y competencias exigidos por la Ley Nacional de Tránsito.