La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley que busca conocer a "los beneficiarios finales" de las empresas y otras estructuras jurídicas con el fin de "combatir los flujos financieros ilícitos relacionados con la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción, el narcotráfico", entre otros.

En los fundamentos de la iniciativa, Vallejos señaló que "una maniobra recurrente entre quienes buscan evadir impuestos, eludir a los organismos de control, a la Justicia y dificultar investigaciones es mantener oculta la identidad de los verdaderos dueños de las empresas, es decir de las personas humanas que controlan las compañías".

Por ello, el proyecto que presentó establece en primer lugar la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para conocer a "los beneficiarios de toda persona jurídica y/o estructura jurídica, nacional y/o extranjero que opere en el país".

LEER MÁS: Diputados no sesionará la semana que viene para tratar proyectos

El proyecto, en su segundo artículo, define a los "beneficiarios finales" como "personas humanas que posean como mínimo el 10% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas".

También señala que "cuando no sea posible individualizar" a esas personas "se considerará beneficiario final a la persona humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, y/o estructura jurídica, según corresponda".

"En el caso de los contratos de fideicomisos y/u otras estructuras jurídicas similares nacionales o extranjeras, se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato", agrega el proyecto.

La diputada kirchnerista, que preside la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, definió los detalles del proyecto en el marco de la apertura VII jornada de diálogo "Beneficiarios Finales en Argentina, América Latina y el Mundo y su vinculación con la evasión y elusión fiscal, la corrupción y el lavado de activos", organizada por Fundación SES, La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), la Financial Transparency Coalition, entre otras entidades.

En los fundamentos de la propuesta, Vallejos subrayó que "la identificación de los beneficiarios finales de las empresas representa una de las principales herramientas para combatir los flujos financieros ilícitos relacionados con la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, y diversas violaciones a los derechos humanos".

Además, la diputada señaló que "las recientes megafiltraciones de información financiera dejaron al descubierto el extendido (ab)uso (sic) de complejas estructuras societarias", entre las que mencionó las investigaciones de Panama Papers, Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks o Luxleaks.

Esas filtraciones de información, según Vallejos, "pusieron en evidencia la existencia de una industria dedicada a montar diversas estructuras societarias conformadas mediante entramados multijurisdiccionales que incluyen sociedades en guaridas fiscales y jurisdicciones opacas con el objetivo de ocultar la identidad de los verdaderos dueños de las empresas y explotar zonas grises en las legislaciones".

Entre sus 13 artículos, el proyecto advierte que la información del Registro Nacional de Beneficiarios Finales será pública y de acceso gratuito "a través de medios informáticos", a la vez que "será publicada proactivamente en formato de datos abiertos en las páginas webs institucionales oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

Al respecto, la iniciativa aclara que estará exceptuada de la publicación "la información referida al DNI, nacionalidad, domicilio real, teléfono, correo electrónico, estado civil, profesión, condición de PEP del Beneficiario Final, datos que podrán ser brindados únicamente a requerimiento de otro organismo del Estado o por requerimiento judicial".