La ex jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó fue enviada a juicio oral y público por la compra de un edificio donde funciona la Procuración General de la Nación ante sospechas de favorecer a una determinada empresa y supuesto pago de sobreprecios.

Así lo decidió el juez federal Julián Ercolini, al dar por clausurada la investigación y remitir el expediente a un Tribunal Oral para que se la juzgue por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de un edificio en la calle Perón al 600.

La decisión del juez fue luego del pedido del fiscal a cargo de la investigación, Eduardo Taiano, y cuando la acusación contra Gils Carbó -quien renunció a su cargo acorralada por el macrismo que la tildaba de “militante” kirchnerista- fue confirmada por la Cámara Federal porteña.

Incluso, Gils Carbó planteó la recusación del juez Ercolini, que fue desestimada recientemente por la Cámara Federal y, de esta forma, habilitó a ese último a enviarla a juicio para ser juzgada por ese hecho. Por la acusación de negociaciones incompatibles con la función pública, la ex jefa de los fiscales está señalada por la compra del edificio en 43 millones de pesos y de comisiones.

El edificio en cuestión está ubicado en la calle Perón 667, donde actualmente funciona la Procuración General de la Nación, e intervino en la operación la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, actuando de intermediario Juan Carlos Thill, al que se le habría pagado una comisión de 3 millones de pesos. Thill es hermano del número dos del área de contrataciones de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.

Por la operación en la que vendió la firma Arfinsa, de la familia Bemberg, el organismo que conducía Gils Carbó pagó 8 millones de pesos a Jaureguiberry en concepto de comisión y ésta, a su vez unos 3 millones a Thill.

Para la Justicia la compra del edificio había sido digitada previamente y se montó todo un armado para darle apariencia de legalidad. También van a juicio Bellingi, Fischer, Jaureguiberry y Thill por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.