El Senado de la Nación debatía esta tarde en el recinto en torno al proyecto impulsado por el kirchnerismo para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea pagada en base a la recuperación de "dólares fugados" de evasores que tienen bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La sesión es encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, debido a que la titular del Senado, Cristina Kirchner, se encuentra al frente del Poder Ejecutivo a raíz del viaje oficial del presidente Alberto Fernández a Europa.
  
El proyecto presentado por el senador neuquino Oscar Parrilli - mano derecha de Cristina Kirchner- para crear el "Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional" apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
  
En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subiría del 20 al 35%, de acuerdo al texto de la iniciativa, que recibió dictamen de mayoría el pasado 20 de abril.
  
Por otra parte, la iniciativa estipula la creación de la figura del "colaborador", que será "cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos".
  
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.
  
El colaborador, de acuerdo a la norma propuesta, recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
  
Según se explicó, quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de recibir una sanción penal.

Este fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y será administrado por el Ministerio de Economía.

El proceso de contralor, fiscalización y supervisión de este fondo estará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.   

La oposición advierte que la medida, si bien busca capturar parte del capital fugado al exterior, representa un blanqueo fiscal ya que quienes cumplan quedarán eximidos de cualquier sanción de tipo penal, pese a haber cometido el delito de evasión y defraudación. .