El nivel de programas sociales de transferencia de ingresos, más o menos condicionados, como las pensiones no contributivas, AUH, Progresar y cualquier otra línea de asistencia alimentaria tienen una estructura muy directa entre ANSES y sus beneficiarios.

En buena medida, la implementación de los mismos depende de la voluntad y acción propia de las personas para acceder y luego calificar para ellos.

No obstante, hay una heterogeneidad de situaciones que, eventualmente, deberían ser integradas y puestas en el marco de una política de asistencia que bien pueda cumplir la función de Renta Básica Universal para segmentos pobres.

Son programas bastante bien focalizados e, incluso, son los que sirven y se utilizan para generar dispositivos como el IFE, que llega como complemento a esos hogares y a otros miembros que los conforman que no tienen, en términos individuales, una asignación.

Por lo tanto, el IFE incrementó el número de beneficiarios de hogares que ya tenían beneficios, tanto AUH y pensión no contributiva como también aquellos que no percibían pero vivían en un hogar con un beneficiario, siendo de esta forma que fue aceptado que algún joven o pariente pudiera recibir la asistencia económica en caso de estar desempleado o en la informalidad laboral.

Mi posición es que el Salario Básico Universal no es la mejor política que podríamos implementar como un parche más dentro de los programas de transferencia de ingresos. Se contradice con el Salario Social Complementario, que sí funciona en el marco del programa Potenciar Trabajo.

Esta contradicción se da porque son administración del Ministerio de Desarrollo Social y están gerenciadas por las organizaciones sociales -que no la integran únicamente agrupaciones políticas sino también municipios, sociedades de fomento, iglesias, clubes, cáritas-, llevando a cabo proyectos de capacitación y formación para trabajos, cooperativas de trabajo y producción con o sin valor de mercado.

Ese Salario Social Complementario cubre a 1.300.000 personas y los nutre de esas estructuras asociativas. Alrededor del 30 o 40% de los beneficiarios están bajo gerenciamiento de los principales movimientos sociales que ocupan las calles y generan una actividad gremial de reinvindicación por más programas y beneficios para dicha población. El resto está trabajando en otras instancias, bajo otras gestiones, y hay alrededor de un 25% que se desconoce el estado en materia de trabajo, contraprestación laboral o asociativa.

Hay otro tipo de programas que están condicionados por otros tipos de factores como la formación para ciertos trabajos o bien la inscripción escolares de niños y adolescentes.

Estos programas llegan muy bien a los sectores informales pobres y asiste creando un colchón de protección social importante. Potenciar Trabajo se agrega a esos otros beneficios cuando la familia tiene hijos y son todos trabajadores informales, cuando tienen una pensión no contributiva por discapacidad, cuando hay jóvenes que están estudiando y también cuando solo se realizan tareas domésticas o individuales.

Cuando se suman los planes sociales, se construye una relativa injusticia para aquellos beneficiarios que realizan una contraprestación o un trabajo.

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En consecuencia, considero que el Salario Básico Universal propuesto por Juan Grabois y otros actores sociales no parece ser el mejor instrumento para crear mayor equidad y sacar a la población de la indigencia y la pobreza cuando ya hay una importante línea de asistencia.

Si no es en el marco de una reestructuración, de una unificación de todos los programas, de modo tal que el Salario Básico Universal llegue de forma equitativa a todos de acuerdo a su condición, sin adición de programas, sería inviable.

La sumatoria de beneficios mejora los ingresos de las familias que los reciben pero no aporta a la equidad pues crea desigualdades en el interior de los pobres y desincentiva programas muy buenos como el Potenciar Trabajo.

Son buenas herramientas y pueden mejorarse en términos de llevar adelante procesos de trabajo con mejor rendimiento, asociados a procesos de capacitación que se están desarrollando.

En tanto, debería estar administrado, promovido, desarrollado, articulado y supervisado por los Estados municipales o provinciales, siendo así un paso importante para el proceso de federalismo y no en un Ministerio localizado en CABA.

La ejecución podría, en este caso, estar en manos del conjunto de organizaciones sociales públicas o civiles. Siendo este el contexto, el Estado municipal gestionaría y marcaría las prioridades y las organizaciones percibirían presupuestos o beneficios en función de ellas.

En conclusión, la visión que expreso está en contraposición con la de las organizaciones sociales, pues manejan la línea gremial unificada a nivel nacional y creo que esto no ayuda al desarrollo de proyectos laborales y comunitarios.

Esto debería hacerse de forma descentralizada pero con la participación de las organizaciones sociales presentando proyectos y realizando trabajos. De esta forma, se busca desarrollar actividades comunitarias y de promoción e integración del trabajo haciendo sinergia con otros programas nacionales, provinciales o municipales.

*Agustín Salvia es  sociólogo y director de investigación del Observatorio de Deuda Social de la UCA.