Cada tanto vuelve a ponerse sobre el tapete la propuesta de un ingreso social universal, con distintas variantes, pero todas ellas se caracterizan por independizar el ingreso del trabajo. Nos interesa analizar esas propuestas, esas ideas y contrastarlas con una doctrina que nos ha enseñado que hay una sola clase de personas, las que trabajan.

Y también que para que la persona sea verdaderamente libre tiene que tener resuelta su base material, así como comprender que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. El trabajo y la producción son las dos caras de una misma moneda: desarrollo, es decir, crecimiento con inclusión.

Para empezar estas reflexiones, voy a hacer notar que en este debate se pueden identificar dos conceptos: Ingreso Básico Universal (IBU) y Salario Básico Universal (SBU). Con el Ingreso Básico Universal se propone que los Estados garanticen a sus ciudadanos un ingreso mínimo sin condiciones, que se supone les permitiría “salir de la pobreza”.

En algunas definiciones esto implicaría, además, por primera vez en la historia, elegir si se quiere o no trabajar para garantizar la subsistencia material. También puede denominarse renta básica universal incondicional o ingreso ciudadano universal incondicional. Sería un subsidio mensual desde el Estado, durante toda la vida, a los ciudadanos para complementar los ingresos que tengan. Es incondicional porque no establece requisito alguno.

Sería un subsidio que teóricamente permitiría mejorar la capacidad de consumir por lo menos lo básico necesario para poder tener una vida digna y operaría como efecto subsidio indirecto a las empresas, beneficiando a ciudadanos y empresas.

"Permitiría que todas las personas tengan satisfechas sus necesidades, con lo cual disminuiría la inseguridad urbana, el ingreso sería suficiente porque complementa su salario o jubilación, lo recibirán todos, los que tienen un trabajo remunerado y los que no, sería especialmente bueno para la población pobre": es un planteo poco realista.

Toma el problema de la pobreza como una cuestión meramente de ingresos, al margen de las condiciones de contexto de la economía de cada país. Y sobre todo, corresponde a la naturalización de la imposibilidad de tener empleo, a una infravaloración del trabajo, a la negación de que lo único que construye valor es el trabajo.

El IBU es impulsado desde hace décadas por la socialdemocracia europea y después de la pandemia, ha resurgido a raíz de los programas de ingreso que los países han implementado para disminuir los efectos de la cuarentena. Se financia desde los presupuestos nacionales, o sea, de la recaudación de los Estados. Sea directamente desde el presupuesto o pagando los préstamos internacionales que lo financiarían.

No hay experiencias de universalizar una política de ingreso. Y por supuesto, sería absolutamente inviable en países con crisis o supercrisis económicas. ¿De qué cantera se podría tomar los recursos para esa política?

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Lo principal es que esa mirada, de un “liberalismo individualista utópico”, implica la negación de una sociedad organizada como una comunidad, donde sus miembros puedan tender a una cooperación armónica entre capital y trabajo, como postula el Modelo Argentino que propuso Juan Domingo Perón a los argentinos en su última arenga a la Patria en 1974.

La otra versión de las propuestas, llamada Salario Básico Universal. Acaba de aparecer en el tratamiento legislativo, mediante un proyecto de ley presentado por un sector del oficialismo, por el cual se instituye una prestación monetaria no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadores de bajos ingresos, que ampliaría la cobertura del sistema de seguridad social argentino, con un monto equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto informada por el INDEC. En el caso de monotributistas de categoría A, sería del 50%.

¿A quiénes abarca? A una población seleccionada por razones de exclusión social (aproximadamente como ocurre con los llamados planes sociales). ¿Cómo se financia? Con el presupuesto de nacional. Simplemente, en un artículo indica al ministro de Economía (ahora a la ministra), tiene que redistribuir partidas para financiarlo.

¿A quién estarán pensando que debe sacarle los recursos? ¿Qué requisitos se establecen? Los requisitos son de tipo nivel de ingresos e incompatibilidades con otras prestaciones de programas sociales vigentes tanto a nivel nacional como de provincias y municipios. Condicionado a contraprestaciones principalmente de tipo de educativo y de cuidado de la salud como tiene actualmente la Asignación Universal por Hijo o Embarazo (que no es un plan social sino la extensión de la política de la seguridad social argentina que tiene décadas acompañando a las familias en el cuidado de sus hijos y desde 2009 incluyó en esa protección a personas que son monotributistas sociales, a personas con seguro de desempleo, a trabajadoras domésticas registradas, y desde 2016 a monotributistas de las primeras categorías). Establece la posibilidad de pasar de los programas actuales a este nuevo que se crearía por la ley.

¿Qué experiencias hay? La propuesta es básicamente parecida a los planes sociales vigentes desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar, pasando por Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Haciendo Futuro, Potenciar Trabajo, etcétera. Excepto por el hecho de naturalizarlo como un estadio permanente, estructural, de un sector de las personas trabajadoras.

¿Hay objeciones a la existencia de esos planes sociales? De ninguna manera, los planes sociales de ingreso condicionado a alguna actividad de tipo formativa, educativa, de promoción, etcétera. Pueden ser un puente circunstancial para las personas que están desempleadas, mientras las políticas macroeconómicas van construyendo el desarrollo, es decir crecimiento con equidad e inclusión social, que permita a nuestra Patria desplegar su potencial e integrarse al mundo con un modelo justicialista de organización.

En sus fundamentos, el proyecto de ley expresa que buscaría desarrollar el sector de la informal (al que denominan, incorrectamente economía popular. La economía es una sola y debe ser una economía de crecimiento con inclusión, es decir, de desarrollo. Llamar economía popular a la situación de trabajo informal solo sirve para ocultar que hay una proporción, creciente, de nuestro pueblo que no accede a condiciones dignas para el desarrollo de su trabajo, eso no lo convierte en economía popular sino en injusticia social).

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El proyecto refiere a que ese sector estaría correctamente registrado, organizado y auditado. Se manifiesta que se procura establecer un esquema integrado de políticas de seguridad social (aun cuando específicamente lo define como “no contributivo”), que combine objetivos de ingresos, trabajos y educación, aumentar la autonomía y libertad de acción individual, ejercicio pleno de ciudadanía, redistribuir el excedente producido por la sociedad, asegurando un piso de derechos para el conjunto, equidad de género, federalismo, reparar desigualdades injustificadas del mercado laboral, promover reconocimiento y derechos para quienes hacen actividades informales o enmarcadas en políticas sociales, reducir sustancialmente la tasa de indigencia.

¿Por qué debería haber un piso de derechos para estos trabajadores que sea inferior al piso de derechos que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen para todos los trabajadores?

¿Por qué hacer una ley para un piso de derechos cuando el peronismo tiene una doctrina y ha tenido una acción de gobierno que ha establecido no solo la Ley de Contrato de Trabajo, sino el fortalecimientos de los sindicatos de trabajadores por rama, paritarias, y un conjunto de derechos laborales. ¿Por qué habría que condenar a los trabajadores que hoy no logran inserción porque no hay condiciones económicas para el desarrollo ni una visión de conducción política para generarlas? ¿Por qué condenar a esos trabajadores, insisto, a convertir en estructural su falta de empleo y su pobreza? Esa pobreza no es solo de ingresos, por supuesto, es de ingresos, es de acceso al trabajo, es de acceso a los bienes (cada vez más lejano, no solo por precio sino por abastecimiento). ¿Por qué tendríamos que aceptar que esas misérrimas condiciones se naturalicen y establezcan por ley?

Solo recuperaremos ese modelo de desarrollo si se comprende que quienes generan las fuentes de trabajo no son otra entidad que las empresas, que necesitan del estado las condiciones para invertir así como es el Estado el responsable de articular esa armonía entre el capital y el trabajo.

¿Qué proyecto de país implica el SBU? Es la aceptación de que hay una proporción de la población para la cual el capitalismo no puede generar oportunidades de inclusión laboral, una visión coherente con una visión de trabajadores contra patrones y pequeñas empresas contra grandes.

Estas dos propuestas que surgen del neoliberalismo o desde la socialdemocracia están pavimentando un futuro tormentoso para nuestro país, en el que pretenden que nos resignemos a que el 30 o el 40% de nuestro pueblo trabajador no pueda conseguir trabajo, tanto que se refieren a ellos como “inempleables”, o como dice el proyecto de ley del oficialismo, “un sector significativo de la población trabajadora que se encuentra 'estructuralmente excluido' del mercado laboral, tanto en su modalidad formal como informal. Las políticas sociales alcanzan solo parcialmente a este sector”.

El SBU es peligroso en su resignación. Porque, simplemente, lo que está procurando es convertir en estructural la inequidad que hoy existe por la falta de un plan económico de desarrollo, que nos ha venido arrastrando a la crisis que vivimos.

Si el SBU se aprobara, se estaría convalidando la conformación estructural, de dos clases de trabajadores: los que tienen derechos y los que vuelven a las épocas de las damas de la beneficencia a las que Evita les dio una lección de ayuda social con solidaridad.

El Estado lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que vuelva a haber producción y por lo tanto, trabajo. El Congreso de la Nación tiene que rechazar una legislación que con ropaje de prédica popular naturaliza la injusticia y la desigualdad.

(* - María Lucila "Pimpi" Colombo es secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, licenciada en Matemática de la Universidad Nacional de Tucumán, presidenta de Principios y Valores de la Capital Federal, militante peronista y ex subsecretaria de Defensa del Consumidor).