El Senado convirtió este jueves en ley la prórroga de la regularización dominial de barrios populares, que entre otros aspectos suspende los desalojos por diez años.

Con 64 votos afirmativos y uno solo en contra (de la cordobesa macrista Carmen Álvarez Rivero), y bajo la atenta mirada de la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la Cámara alta ratificó la media sanción obtenida semanas atrás en la Cámara de Diputados, donde también había cosechado un amplio consenso tranversal.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek (Frente de Todos) fue el primer orador y recordó que se trata de una ley sancionada en 2018, que tenía un plazo de cuatro años, por lo que su vigencia iba a caducar en lo inmediato si el Congreso no otorgaba la prórroga.

"Esta ley vence a fines de octubre y ha cambiado poco esta realidad, se ha acentuado. Las dificultades habitacionales en el país están complicadas. Necesitamos la Ley para actualizar el registro de los barrios", reconoció el jujeño.

Destacó que la iniciativa apunta a la ampliación del plazo para "darle tranquilidad a los argentinos que penden de una orden de desalojo", y calculó en cinco millones de personas las que se encuentran en esta situación.

LEÉ: Juliana Di Tullio: “Si Macri está del otro lado, lo voto a Alberto”

A su turno, Guadalupe Tagliaferri (PRO) destacó que como antesala a la sanción de la ley, en 2017 se pudo relevar un total de 4.416 de barrios populares, en los que vivían cuatro millones de personas, y "a los que se los dejó de llamar villas y asentamientos".

"A partir de eso se creó el ReNaBap, después se siguieron haciendo censos a pedido de muchos gobernadores y, esta ley, incorpora 1.100 barrios más llegando así a 5 millones de personas”, destacó la macrista.

"Fue nuestro espacio el que impulsó, precisamente, esta ley porque un problema que durante toda la ‘década ganada’ no se había registrado", subrayó Tagliaferri y resaltó que "nunca nadie jamás había decidido armar un ReNaBap, articular con las organizaciones sociales, con los municipios, y decir que esas personas existen y seguir dejándolas bajo la alfombra escondidas".

Al momento de la aprobación de la ley original en 2018, durante la gestión de Cambiemos, se llevaban registrados 4.416 barrios, y con esta modificación, si se ratifica en el Senado, se llegará a 5.687 asentamientos populares.

LEÉ: Hernán Lombardi: "El Presupuesto es malo, pero es mejor que tengan uno”

El objetivo de la ley es urbanizar esos barrios, a través de "la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial".

Además, se declara la emergencia socioambiental de los barrios populares con el objeto de agilizar los procesos administrativos para llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y los distintos programas de urbanización.