El proyecto de ley de financiamiento educativo, que eleva al 8% la inversión presupuestaria en el área de manera progresiva para el 2030, logró hoy dictamen de comisión y quedó listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados, aunque aún no hay una sesión en el horizonte cercano.

En la comisión de Presupuesto y Hacienda, la iniciativa cosechó 37 firmas, de las cuales 12 fueron con disidencias, todas ellas de parte de integrantes de Juntos por el Cambio.

El proyecto ya había obtenido dictamen favorable el martes en la comisión cabecera de Educación, por donde habían pasado expositores invitados a lo largo de cuatro reuniones.

El bloque oficialista venía trabajando en una sesión para este miércoles con la Ley de Financiamiento Educativo como prioridad de agenda.

Sin embargo, ayer se descartó esa posibilidad en el marco del acuerdo para bajar la sesión opositora que había convocado por el diputado y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, junto a sus nuevos socios del macrismo.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos), recordó que la primera Ley de Financiamiento Educativo había sido impulsada por Néstor Kirchner en 2005, cuando se subió la inversión educativa al 6% del PBI.

La entrerriana subrayó que la nueva iniciativa busca dar "un paso más adelante", y adelantó que "es un proyecto que va a impactar en el Presupuesto 2024" del Poder Ejecutivo que tiene que analizar este año el Congreso nacional.

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Sobre la curva de expansión del financiamiento educativo, sostuvo que se aplicó una corrección de modo tal que "el impacto que se tenga sobre la educación obligatoria sea mayor que el que originalmente estaba previsto".

Al respecto, Osuna puntualizó que la idea es llegar al 6,5% de inversión en educación obligatoria para 2030, al tiempo que para la educación superior el objetivo es alcanzar el 1,5% para 2032.

"Nosotros entendemos que es necesario poner hoy más recursos en educación” algo que va en contra de “los dichos nefastos, infaustos de que la educación en Argentina debe financiarse con bonos", comparó en relación a la propuesta de Milei sobre el sistema de vouchers.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace (Evolución Radical) valoró el “gran trabajo de la Comisión de Educación" para arrimar posturas pero explicó las razones por las cuales desde su sector iban a acompañar con disidencias parciales.

El puntano señaló que si se le exige a las provincias un incremento en sus erogaciones, se debe establecer que esos aumentos no "serán considerados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal".

"Si le pedimos a las provincias que inviertan más para cumplir con esta ley, no las podemos juzgar después por incumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal", explicó.

También cuestionó que se hayan fijado en el proyecto asignaciones específicas coparticipables por parte de las provincias, y propuso que esos compromisos de gastos provinciales se establezcan por convenios con la Nación.

"La decisión de invertir fondos tiene que ser de las provincias, no puede ser una imposición del Congreso", dijo Cacace al respecto.

En ese sentido, sugirió que "en el caso que el incremento en el gasto consolidado que deben realizar las provincias y la Ciudad exceda a la asignación específica de los recursos coparticipables, puedan comprometerse recursos provinciales en tanto se instrumenten convenios entre Nación y provincias”.

Ante ese planteo, Osuna recogió el guante y respondió que "muchas veces vemos en gobiernos provinciales que las prioridades pueden no coincidir" con "el interés supremo de resguardar el derecho de los chicos a la educación".

"Hagamos el esfuerzo de asumir nosotros como legisladores esta responsabilidad", instó la diputada oficialista.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro llamó a "no poner un interés por encima de otro", por lo que sugirió analizar "de qué manera reforzamos los convenios" o que "haya leyes de adhesión o convenios ratificados por las Legislaturas".

"Tenemos que poder hacer el esfuerzo de encontrar una fórmula que compatibilice los dos intereses que perseguimos: la expansión con metas del presupuesto educativo y que eso no entre en colisión con el federalismo y los recursos de las provincias", reflexionó.

La cordobesa del PRO Laura Rodríguez Machado advirtió que "la Nación no puede obligar a las provincias a gastar determinadas cuestiones en sus presupuestos" porque "es inconstitucional, no respeta la autonomía provincial". 

Sobre el final de la reunión, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se mostró dispuesto a "acercar todas las posiciones posibles hasta que este tema llegue al recinto".

En el cierre, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos) ponderó que ambas visiones, la del oficialismo y la de la oposición, "no difieren en el fondo de la cuestión" y que la diferencia radica "en el criterio constitucional".

En tal sentido, pidió "tratar de conciliar un texto que satisfaga las distintas cuestiones que se han planteado" para "llegar al recinto con una propuesta lo más amplia posible".