El Presupuesto 2023 es serio y proyecta a una Argentina que va a continuar creciendo
El análisis del diputado nacional Carlos Heller acerca del debate que se viene en el Congreso por la ley de leyes.
La Cámara de Diputados continúa tratando el proyecto de Presupuesto 2023. Se trata de la hoja de ruta con la que el Gobierno anticipa el rumbo que busca darle a la economía el próximo año. Por supuesto, como la palabra lo indica, el Presupuesto presupone escenarios, objetivos y prioridades. Si ese conjunto de proyecciones se cumple se convierte en el plan de gobierno de la Argentina.
La discusión del Presupuesto 2023 tiene lugar en un contexto global dinámico y sometido a fuertes transformaciones: se consolida un pronóstico de fuerte recesión para los próximos dos trimestres en los Estados Unidos y algo similar se proyecta para Europa y China, entre otros países. Habrá que analizar en cuánto esos escenarios globales terminan incidiendo sobre nuestra economía.
En estos contextos cambiantes, estamos debatiendo un Presupuesto serio que proyecta a una Argentina que va a continuar creciendo en 2023, aunque más lentamente. También prevé la desaceleración de la inflación al 60%, llegando gradualmente al 33% en 2025.
Por otra parte, establece un objetivo de déficit primario del 1,9% del PBI en 2023, por debajo del 2,5% estimado para 2022. La mejora se basa en un incremento proyectado de los ingresos del 77,8%, mientras que el gasto corriente y de capital subirá algo menos, un 71,2%. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que si los gastos suben por encima de la inflación no hay modo de concluir que hay ajuste. Por otro, que si los gastos crecen menos que los ingresos, una porción de estos últimos podrá ser destinada a reducir el déficit fiscal.
En síntesis, lo que el proyecto de Presupuesto 2023 prevé es sostener el gasto por encima de la inflación y los ingresos por encima del gasto, lo cual genera la posibilidad de reducir el déficit sin necesidad de ajuste.
Hay otras cuestiones, que no están comprendidas en el Presupuesto, pero que son relevantes para el proceso económico actual en la Argentina.
Una de ellas es la firma del acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos, al que se refirió recientemente el ministro de Economía, Sergio Massa. Ese convenio le permitiría a la Argentina acceder a la información sobre fondos y bienes no declarados de los argentinos en aquel país. De hacerse efectivo, según cálculos que trascendieron, se generaría una base imponible de por lo menos 100.000 millones de dólares. Lo cual nos permitiría contar con mayores recursos presupuestarios derivados del impuesto a los bienes personales y de las ganancias aplicadas a esta nueva base imponible, recursos no contemplados en el proyecto de Presupuesto que se está debatiendo.
Hay problemas que persisten y uno de los más relevantes es la inflación. En nuestro país, esta tiende a ser presentada como un fenómeno autónomo del resto de las variables de la economía. Históricamente, el aumento de los precios era explicado por la incidencia de un conjunto de variables. Podía ser el producto de una devaluación, de los aumentos salariales o del incremento de las tarifas que se trasladan a los precios. Pero en la actualidad todas esas variables están atrasadas respecto de la inflación.
El tipo de cambio oficial va por detrás, los salarios luchan por no perder más ante los precios, las tarifas también están retrasadas, es decir, ninguno de estos factores puede explicar los procesos inflacionarios. Entonces, ¿cuáles son las causas del actual nivel de inflación en la Argentina? A mi juicio, son fundamentalmente la puja distributiva y la especulación.
Algunos empresarios, ante el supuesto riesgo de una devaluación, aumentan los precios. Pero, luego, cuando la devaluación no se produce, no los bajan. El resultado es que los incrementos quedan y, por lo tanto, quienes produjeron esos aumentos amplían sus márgenes de ganancias. Las consecuencias de esos aumentos las sufren las familias, las PyMEs y, sobre todo, los sectores más vulnerables de la sociedad, que pierden la capacidad de adquirir productos básicos para sobrevivir dignamente. Este proceso nocivo es el que hay que interrumpir.
Mientras, esta semana también se trataron una serie de proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Entre ellos, la reforma de la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos en barrios populares. La iniciativa fue aprobada y girada al Senado, para que se convierta en ley antes de que se cumpla el plazo previsto para que vuelvan a regir los desalojos.
Otro proyecto de ley que pasa al Senado, tratado y aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles, fue el de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, cuyo objetivo consiste en promover las inversiones y el desarrollo tecnológico en las firmas del sector, a través del otorgamiento de incentivos fiscales. Se trata de una iniciativa que fue trabajada conjuntamente en las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda y que fue dictaminado por una amplísima mayoría. Hemos dejado testimonio en el recinto del valor que le damos al acuerdo alcanzado con la oposición en este tema tan trascendente, particularmente en la figura del diputado Facundo Manes, presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología.
El proyecto privilegia a las PyMEs con relación a las empresas más grandes
El texto establece que las empresas MiPyMEs podrán obtener un certificado de crédito fiscal de hasta el 80% en la primera presentación, hasta el 65% en la segunda presentación o 50% desde la tercera presentación, de los gastos realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica (no operativos) para ser aplicado al pago de impuestos nacionales. Para las grandes empresas promueve un beneficio menor: 65% en la primera presentación y 50% en la presentación siguiente. Finalmente, entre otras iniciativas, también se aprobó el proyecto que propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el edificio donde funcionó el establecimiento “República Cromañón”.
En absoluta oposición a los que buscan generar un clima de antipolítica, el Frente de Todos continúa gestionando en planos simultáneos con el objetivo de llevar adelante su modelo de crecimiento con la gente adentro.