El periodista Daniel Santoro pidió que la Unidad de Información Financiera (UIF) sea apartada del expediente en el que está procesado por presunta extorsión al empresario patagónico Mario Cifuentes, en el marco de la denominada Causa D’Alessio.

Mediante un escrito firmado por sus abogados,  Mauricio de Núñez y Guido Sciarreta, el periodista consideró que la UIF no es damnificada por el nuevo procesamiento dictado en junio pasado por el juez subrogante de Dolores, Martín Bava.

“Conociendo la finalidad para la cual se creó la UIF y teniendo en cuenta que a Santoro se le atribuyen hechos puntuales que, de ninguna manera, podría llegar a tener por damnificada a esa dependencia pública, es que requerimos que la presentación que realizaron los apoderados de la UIF en este incidente sea desechada sin más”, pidieron los abogados.

“De ninguna manera el organismo ostenta ninguna calidad de parte procesal damnificada en el legajo puntual y específico bajo análisis”, insistieron.

La defensa de Santoro evaluó que “es notorio que la UIF no es parte perjudicada de ninguna manera en ninguno de los sucesos que se instruyen con relación a la supuesta participación en los mismos de Santoro, por lo que mal podría dársele intervención en esta incidencia que se inició como consecuencia de un planteo nulificante realizado por esta defensa”.

Los abogados de Santoro formularon el pedido ante la Cámara Federal de Mar del Plata, que tiene a su cargo la apelación contra la ampliación de procesamiento por la situación que atravesó Cifuentes.

El juez Bava consideró que Santoro fue “partícipe necesario” del intento de extorsión, que fue una de las operaciones atribuidas al falso abogado Marcelo D’Alessio.

El juez dio por “acreditado que el empresario Cifuentes se encontraba sufriendo en forma sincrónica la extorsión explícita por parte de D'Alessio" y atribuyó a Santoro colaboración con esa maniobra.

La inclusión de la UIF entre las partes con derecho a pronunciarse sobre la apelación y la nulidad planteadas por Santoro “atenta contra la igualdad de armas entre las partes que debe primar en todo proceso penal”, peticionaron los abogados.

“La aceptación de involucramiento en este incidente de parte de un querellante que no es damnificado en el caso concreto- perjudica al imputado, lo cual echa por tierra todos los principios y garantías procesales que pregonan por su protección al considerarlo la parte más vulnerable del proceso”, resumieron.