Exultante se encontraba el arquitecto Juan Martín Santagada, del estudio Anchezar-Santagada, cuando en julio de 2018 se alzó con la última “joya de la abuela” en el exclusivo Barrio Parque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de una subasta on line, la primera en su tipo que se había realizado hasta entonces, dirigida por el entonces director de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, al que hoy se lo ve muy activo junto a la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Los brokers inmobiliarios afirman que se trata del mejor terreno de la ciudad para uso residencial. En el corazón de Barrio Parque, más exclusivo que Puerto Madero, con un terreno que está rodeado de casas, el estudio arquitectónico proyecta un edificio de 9 pisos de hasta 26 metros, que competirá por ser el más lujoso de la ciudad, y que tendría inaugurado en 2023.

La pandemia de Coronavirus afectó los planes de construcción pero, además, se mira con atención la denuncia elevada por la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige el kirchnerista de paladar negro, Félix Crous.

Con la misma rapidez con la que desistió de continuar con las querellas de Hotesur y Los Sauces que involucran a la Vicepresidenta Cristina Fernández, Félix Crous, avanzó en la Justicia con un reporte realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que alertó por el valor de adjudicación de 58 subastas realizadas por la AABE,  que en algunos casos fue menor que el fijado por el Tribunal de Tasación y, en otros, fue muy similar. En todos los casos fueron valores menores que los precios por los que se rige el mercado privado.

El juez federal, Julián Ercolini, quedó a cargo de la causa que en un principio había sido radicada en el juzgado del fallecido magistrado Claudio Bonadio. En un principio, las investigaciones, contaron con el apoyo del fiscal Gerardo Pollicita pero, en septiembre de  2020, se declaró incompetente porque existía una denuncia anterior presentada por la CTA Autónoma y acompañada por otros movimientos sociales por la venta de 73 propiedades del Estado a través de decretos cuando se necesita una ley que avale esas operaciones.  Pollicita, en su escrito, afirmó que el juez Julián Ercolini debería inhibirse y entregarle el expediente a Martínez de Giorgi.

La decisión de apartarse del fiscal Pollicita generó un conflicto de competencia que paralizó el expediente hasta que la OA volvió a realizar una nueva presentación con foco en el terreno adquirido por el fideicomiso Vías de Ocampo.

La OA y la denuncia contra el círculo de amigos de Mauricio Macri

La Oficina Anticorrupción amplió la denuncia original por la venta de propiedades del Estado Nacional en plena Ciudad Autónoma. Por un lado, se puso el foco en el exclusivo terreno del Barrio Parque y por el otro, se denunció la adjudicación de siete terrenos subastados en Catalinas entre Retiro y Puerto Madero. En el caso del terreno de Catalinas se tasó en US$ 45 millones y fue vendido en US$ 40 millones a un único oferente una sociedad vinculada a Paolo Rocca, dueño de Techint.

En el caso de Vías de Ocampo, la OA presentó documentación de las personas físicas que aparecen detrás del fideicomiso que se adjudicó el terreno. En la sociedad aparece el ex titular de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, amigo de Maurcio Macri que supo hacer una fortuna con la compra y venta de jugadores de fútbol. En este caso particular el propio ex funcionario declaró participar en el fideicomiso. En sus declaraciones juradas en la OA, correspondiente al año 2018, se anota que posee $ 41.604.000 en la sociedad inversora.

El problema con la operación de Gustavo Arribas es que el pliego de las condiciones señala que los interesados deben cumplir con los requerimientos especificados en el Régimen de contrataciones de la administración nacional que, en su artículo 21, señala que no podrán contratar los agentes y funcionarios del sector público nacional y la empresas donde aquéllos participaran de manera tal que pudieran formar la voluntad social, de conformidad con la Ley de Ética Pública.

También aparecen en la composición del fideicomiso Vías de Ocampo, dos hijos del empresario Nicky Caputo. El terreno en cuestión de 10.000 metros cuadrados se subastó en US$ 44 millones, un precio muy cercano a su valor base y la mecánica de la subasta on line no significó una ganancia importante para el Estado Nacional.

En junio de 2019, el Tribunal de Tasación fijó el valor del lote 1C en US$ 45 millones y el valor de base de la subasta en US$ 37 millones. La AABE lo subió a US$ 40 millones y se vendió a US$ 40,5 millones. Las bases se fijan para que en la puja el valor vaya creciendo, pero la jugada resultó idéntica a anteriores operaciones denunciadas, sólo se presentó un oferente, que se llevó la propiedad casi al valor de base, US$ 4,5 millones por debajo de la tasación y a un precio mucho menor que el valor comercial que ascendería según algunos agentes del mercado inmobiliario a US$ 65 millones.

Para la OA, de Félix Crous, la subasta fue amañada y el perjuicio total por todas las que se realizaron, superan los US$ 70 millones. En el caso particular del terreno de Barrio Parque “conforme surge del acta de la subasta -dice la OA- se anotaron para participar Fides Investa y Fideicomiso Vías de Ocampo. Tal como surge del contrato de fideicomiso, Fides formaba parte de Vías de Ocampo”. Por lo que la competencia era ficticia y no hubo una puja de precios real.