Con la exclusión del mega decreto de necesidad y urgencia de desregulación del Estado que dictó el presidente Javier Milei en el temario de sesiones extraordinarias, la iniciativa no podrá votarse en el pleno de ninguna de las dos cámaras legislativas hasta el 1 de marzo, más allá de que inicie su tratamiento en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.

Una vez que se publicó el decreto en el Boletín Oficial, se generó un manto de dudas acerca de la fecha en que entraría en vigencia y también sobre los tiempos legislativos para darle tratamiento. 

El Gobierno primer deslizó que la aplicabilidad del DNU tenía efecto inmediato, pero a raíz de las observaciones críticas admitió que comenzará a regir este viernes 29 de diciembre. 

Esa confirmación no impidió que las empresas de medicina privada comunicaran a sus afiliados aumentos en las cuotas del 40%, antes de la entrada en vigor del decreto.

Picardías aparte, la comisión bicameral de Trámite Legislativo tendrá la tarea de pronunciarse sobre la validez o invalidez del DNU, pero La Libertad Avanza, que ejercerá la presidencia del cuerpo, no tiene ningún apremio y buscará ganar tiempo. 

Cuanto más tiempo transcurra, mayor será el impacto de las reformas ultraliberales y más difícil será revertir sus efectos. También le dará tiempo al Gobierno tiempo valioso para generar alianzas con sectores de la oposición con espíritu colaboracionista. 

Son conscientes de que hoy por hoy, la correlación de fuerzas en el Parlamento es negativo para el oficialismo y habría rechazo en ambas cámaras.

Por eso es fundamental para el oficialismo retardar lo más posible el trámite. El presidente de la comisión, que será el senador riojano de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto, es quien maneja los tiempos, lo cual constituye una ventaja inestimable para estos designios.

La comisión tendrá 16 integrantes, ocho senadores y ocho diputados nacionales, y la representación para cada una de las fuerzas políticas se define en función del sistema de proporcionalidad D´Hont. 

Para avalar la validez del dictamen se necesitan ocho de los 16 votos. De todos modos, el sentido del dictamen de mayoría es anecdótico, ya que lo verdaderamente definitorio para saber si el decreto queda en pie o muere en el camino es el veredicto de los votos en el recinto de cada una de las dos cámaras. 

Con que una sola de las dos lo avale, es suficiente para que el DNU conserve su vigencia. Para que quede sin efecto, en cambio, se precisa el rechazo de ambas cámaras.

Los ocho lugares para representantes del Senado estarán distribuidos de la siguiente forma: tres para Unión por la Patria, uno para LLA, uno para la UCR, uno para el PRO, uno para fuerzas provinciales, y uno para Cambio Federal (que sería Juan Carlos Romero).

En Diputados, en tanto, Unión por la Patria reclama cuatro de los ocho lugares, aunque el oficialismo estaría dispuesto a concederle tres lugares de acuerdo al criterio de proporcionalidad.

De esta manera, quedarían tres o cuatro lugares para Unión por la Patria, uno o dos para LLA, uno para el PRO, uno para la UCR y uno para Cambio Federal (que será ocupado por Nicolás Massot).

Con esta distribución, a priori se articularía una mayoría en contra del decreto. Pero todo podría cambiar si el radicalismo reconsiderara la postura que explicitó en el comunicado de rechazo al hecho de que los centenares de reformas se dictaran por DNU y no a través de proyectos de ley a debatirse en el Congreso.

El presidente del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, sugirió que el mega decreto podría desglosarse en tres DNU para facilitar el acompañamiento de aquella reformas con las que el radicalismo podría estar de acuerdo. La actitud del cordobés de llevar al extremo la creatividad para poder apoyar a un Gobierno que recién despunta no es compartida por todos sus correligionarios puertas hacia adentro de su partido y de su bloque.