El juez federal con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó la rendición de cuentas de Cambiemos por las elecciones de 2017 y detectó “al menos 79 casos” de personas que figuraban en los registros como sostenedores de esa fuerza política pero que negaron haber contribuido con su dinero a la campaña proselitista.

El juez aplicó también sanciones económicas millonarias para las principales fuerzas políticas que integran la coalición: 3.246.965,53 pesos al PRO, y 990.599,65 pesos a la UCR y a la Coalición Cívica – Ari.

Las otras fuerzas que componen Cambiemos, Partido Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Ucedé, Espacio abierto para el Desarrolla y la Integración Social, Fe, Partido del Diálogo, Movimiento Social por la República, fueron sancionados cada uno con 34.395,82 pesos.

“Se pudieron constatar -al menos- 79 casos de personas que, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupación” Cambiemos Buenos Aires, escribió el juez en su resolución.

“Muchas de las personas negaron haber realizado voluminosos aportes eran beneficiarios de planes sociales -AUH, Plan Hogar (garrafa a precio subsidiado) monotributo social-, trabajaban para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o eran monotributistas cuyo aporte excedía su límite de facturación mensual”, añadió.

Advertida de tal situación, la coalición hoy en la oposición “realizó tres rectificaciones masivas, donde excluyó a más de 1.400 aportantes, e incluyó a más de 300 nuevos aportantes”.

Sin embargo, “no brindó ninguna explicación de cuáles fueron los errores que llevaron a realizar dichas rectificaciones, no explicó quiénes fueron los responsables de dichos errores”.

El juez resolvió “extraer testimonios” para iniciar una investigación penal, como consecuencia de la detección de esta irregularidad electoral.

"Las numerosas irregularidades que fueron observadas desde un principio por el auditor contador Nicolás Haddad no han sido subsanadas por los partidos políticos que integran la alianza y, en esa medida, no se pudieron tener por acreditados el origen y destino de los fondos de la campaña electoral", subrayó el fallo.