El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno evalúa declarar la educación como un servicio esencial, tal y como estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que fue suspendido por la Justicia. 

“Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial”, planteó el funcionario en su habitual conferencia de prensa. 

El DNU elaborado por Federico Sturzenegger contemplaba modificaciones en la ley laboral entre la que destacaba la inclusión de la educación como “servicio esencial” con intención de limitar el derecho a huelga. 

En el artículo 97 se establece que se considerará como “servicio esencial” a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, como también los servicios de cuidado de menores y la educación especial. De esta forma, el Gobierno tiene capacidad de restringir el derecho a la protesta. 

Si bien no hay precisiones respecto a la fecha en la que se concretará la declaración, fuentes de Gobierno aseguran que será en lo inmediato y que quedará a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La intención de la administración libertaria es exigir una prestación mínima en los días de paro y se enmarca en pleno conflicto salarial docente tras la decisión del Ejecutivo de no convocar a una paritaria nacional.

El funcionario nacional se quejó también de la “saña” de los sindicatos contra el Gobierno del presidente Javier Milei. En ese sentido, también se refirió al paro que realizará La Fraternidad este miércoles en todo el país y consideró que es "un absoluto despropósito".

Además, indicó que ante el fracaso de los encuentros del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil ese indicador “quedó fijado para febrero en 180 mil pesos y para marzo en 202.800 pesos”.

Finalmente, al ser consultado por NA sobre el panorama de las paritarias, el vocero presidencial respondió: “El salario está atado estrictamente a un tema de productividad, por el que estamos trabajando fuertemente y para eso eran piezas claves el DNU y la Ley Bases”.

“Las paritarias deben ser absolutamente libres y el Gobierno no tiene que participar de ellas”, agregó.