Una de las organizaciones civiles que pidió la nulidad del DNI 70/23 del Gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia que la norma fue dictada sin que intervinieran los organismos técnico-jurídicos que están obligados a hacerlo, según la ley de procedimiento administrativo.

“Es claro, evidente e incontrastable que el DNU no ha contado con causa ni motivación”, sostuvo el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM La Plata), que pidió la nulidad del artículo del DNU que facilita la compra de tierra por parte de extranjeros, aún en zonas de frontera.

“El mismo Ejecutivo está dando cuenta de que no requirió informes técnicos y/o jurídicos de las áreas sustantivas que dieran cuenta de la imperiosa, inminente, necesaria y urgente derogación”, denunció el CECIM como “hecho nuevo”.

“Se parece más al cumplimiento de los deseos y designios de una pandilla de estudios jurídicos que anhelan comprar tierras como commodities que a una política pública, de Estado, consensuada, con miras al desarrollo nacional, estratégica”, advierte la presentación.

El gobierno nacional reconoció mediante una respuesta a un pedido de información pública por parte de la Coordinadora de Abogados de Interés Público que la confección del decreto  “no contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos al dictado del mismo”.

Por esa razón, el CECIM consideró que el decreto es “nulo de nulidad insanable”, pues “no hay apoyatura en dictámenes, informes técnicos, estudios”.

“Los considerandos son el designio de un Ejecutivo que ha devenido en un Monarca Siglo XXI, que con un chasquido de dedos ha decidido borrar el artículo 1° y el artículo 29 de la Constitución Nacional”, añade el texto, presentado ante el juzgado federal de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak.

“La no impugnación del DNU, y el hecho de no hacer lugar a lo solicitado por esta parte en el escrito de demanda, acrecentarán la ya grave crisis de institucionalidad que estamos viviendo”, advirtió el escrito.