Con una cuota de suspenso, el Frente de todos consiguió hoy la media sanción de la reforma de la normativa sobre la Prevención y Represión del Lavado de Activos que pide el Gobierno para adecuarse a los nuevos estándares que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La iniciativa logró apenas 111 votos afirmativos, en tanto que sumó 96 rechazos y cinco abstenciones, de las cuales tres corresponden a los diputados oficialistas del Frente Patria Grande.

Pese a que ayer el Frente de Todos había logrado acordar con el PRO un dictamen común y parecía tener garantizada la aprobación, este miércoles se enrareció el clima cuando trascendió que el bloque del PRO había revisado su postura, lo cual agitó fantasmas sobre la posibilidad de que se cayera la media sanción.

La Coalición Cívica y Evolución Radical habían firmado un dictamen de minoría en conjunto con el interbloque Federal en el plenario de comisiones que se llevó a cabo ayer, con lo cual se descontaba el rechazo de estos bloques. Lo que fue inesperado fue el giro en la postura del PRO.

Para colmo del Frente de Todos, al promediar el debate se conoció que los tres diputados oficialistas del Frente Patria Grande, Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, se abstendrían en la votación.

Así las cosas, se complicaba la cuenta para el oficialismo y peligraba la media sanción, lo cual generó nerviosismo en la bancada presidida por Germán Martínez, que era consciente de la premura con que es necesario avanzar en el tema ya que el GAFI realizará una revisión técnica en el país en septiembre próximo.

En este frágil escenario, el santafesino utilizó sus redes sociales para denunciar que "peligra la ley de lavado de activos", advirtiendo sobre "sectores de la oposición que quieren impedir su aprobación en Diputados". 

Si bien cayeron muy mal las acusaciones públicas de Martínez, Juntos por el Cambio hizo un doble juego para en definitiva no dejar caer la reforma de la UFI, ya que las consecuencias de no actualizar la normativa exigida por el GAFI las pagará no solamente la actual administración de Alberto Fernández sino también el futuro gobierno, sea del signo que fuere.

En ese sentido, fue notorio que Juntos por el Cambio hizo retirar legisladores del recinto. De un total de 116 diputados que tiene el interbloque, solamente 85 lo hicieron en contra. El resto de los votos negativos provinieron del interbloque Federal y del Frente de Izquierda. Y a las abstenciones se sumaron los diputados de Juntos por el Cambio Carlos Zapata y Paula Omodeo.

La iniciativa oficial, que receptó muchas modificaciones propuestas por la oposición en relación al texto original presentado por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, busca convertir a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Las intervenciones

Mónica Litza (Frente de Todos) aseguró que "para nuestro país es relevante adecuar la normativa interna a los estándares internacionales que sugiere y aconseja el GAFI", y agregó que "vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde los delitos son de acción interjurisdiccional".

En tanto, la diputada massista afirmó que "es una pena que la oposición no tome varias de las cosas que hemos trabajado incluso en un consenso logrado y dejar este tema tan importante como el de los activos virtuales sin ningún registro ni control".

"Argentina necesita adecuar su normativa y pensar que las consecuencias de no tenerlas van a ser muy graves para los argentinos y las argentinas", remató.

Por su parte, Mónica Frade (Coalición Cívica), una de las autoras del dictamen de minoría, denunció que "a los empujones" y en "72 horas" el oficialismo quiere llevar a la oposición a aprobar una ley sin garantizar "la autonomía y la independencia que hoy la UIF no tiene". 

"El Ejecutivo pone y saca a los funcionarios y esto hace que la UIF no pueda tener independencia y que sea pasible de todas las influencias políticas de este gobierno, del anterior y de cualquiera que venga. y nosotros queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y que no volvamos a caer en lista gris" del GAFI, explicó.

La legisladora cívica aclaró que  "si caemos en lista gris no es porque esta ley no salga sino por los tres años y medio de lo que vienen haciendo", contraatacó,

"Esta ley que están sacando a los empujones en 72 horas la necesita (el ministro de Economía) Sergio Massa que está negociando con el FMI. Entonces tiene que salir algo pero que no sea tan serio como para que sea independiente", protestó.

A su turno, el Alejandro Cacace (Evolución Radical) coincidió en que "la UIF tiene que tener una autonomía e independencia funcional que se tiene que llevar a la práctica".

"Hoy la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo, donde éste no cumple con los estándares que marca la UIF", resaltó.

En ese sentido, planteó que la UIF debe ser "apolítica, sobre la base del mérito y que lleve a la designación del mejor candidato" para la titularidad del organismo.

"La propuesta nuestra es realizar un concurso de antecedentes y oposición para elegir al titular de la UIF. Si no hay concurso, no hay  selección por mérito, y si no hay selección por mérito no estamos cumpliendo con los compromisos con el FMI", alertó el puntano.

En tanto, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman anticipó el voto en contra de su bloque al sostener que "esta ley es parte de la legislación antiterrorista en el mundo y ya se demostró para qué es usada".

"Además la UFI no nació para combatir el lavado, sino para controlar los movimientos financieros y políticos de nuestro país", aclaró.

Natalia Zaracho, explicó la postura disidente de los tres diputados que responden al líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, dentro de la bancada oficialista. 

"No entiendo. Otra vez a las apuradas, otra vez un organismo internacional nos impone una agenda que no tiene que ver con la realidad y urgencia de nuestro pueblo. Un organismo que cambia de nombre, GAFI, FMI o Estados unidos. Ya sabemos lo que vienen a hacer", se quejó.

El último orador fue Martínez, muy cuestionado por los discursos de opositores por sus tuits críticos hacia Juntos por el Cambio, al que responsabilizó por poner el riesgo el proyecto de ley.

"Yo nunca dije que esto va a solucionar el problema, pero sí quiero decir que tener una mejor normativa en lo que tiene que ver con el lavado de activos, va a cortar muchos de los vínculos que tienen el narcotráfico con el delito de lavado", aseveró el santafesino, que aclaró que nunca consultó este proyecto con el FMI. 

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El inicio de la sesión

La presidenta de la Cámara de Diputados verificó el quórum reglamentario pasado el mediodía y habilitó la sesión.

La referente massista aprovechó el contexto para felicitar al diputado nacional Rolando Figueroa, quien el domingo fue elegido gobernador de la provincia de Neuquén. 

Luego de una serie de cuestiones de privilegio, se pasó a tratar la agenda del día, comenzando con el proyecto de Diagnóstico Humanizado para Personas con Síndrome Down, que fue aprobada por unanimidad con 210 votos y se convirtió en ley.

La iniciativa, que había recibido media sanción en diciembre de 2021 con el impulso del entonces senador Julio Cobos (actual diputado), tiene como fin brindar contención y acompañamiento a las familias que reciben la noticia durante el embarazo o el nacimiento de su hijo/a.

A su vez, fomenta la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para mejorar su calidad de vida y asegurar su plena inclusión, evitando la manifestaciones de discriminación.

En este sentido, se apunta a la capacitación continua a profesionales de la salud y la elaboración y difusión de un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido recibe un diagnóstico de síndrome de Down.

La presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein, defendió el proyecto y dijo que tiene como propósito "humanizar aún más el sistema de salud, buscando la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en el vínculo médico-paciente una relación diferente".

En el menú de la sesión también se incluye la creación del programa de Pubertad Precoz, la autorización para la entrada y salida de tropas extranjeras y argentinas para participar de ejercitaciones combinadas entre el 1 de septiembre próximo y el 31 de agosto de 2024, y por último un proyecto que consiste en la declaración de monumento nacional de la especie águila harpía.

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