La asociación civil Usina de Justicia, una entidad relacionada con Juntos por el Cambio, denunció penalmente al ministro de  Justicia bonaerense Julio Alak y la directora de Políticas de Inclusión, Claudia Rodríguez, por haber propiciado un combate de boxeo entre un detenido y un policía, ambos pugilistas y bajo las reglas de ese deporte profesional.

La organización, encabezada por el abogado Fernando Soto, ex asesor de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, formuló la denuncia “en resguardo de los derechos y garantías de las personas Víctimas de delitos”, por las figuras penales de “abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.

“La Dirección de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la denunciada Claudia Rodríguez, ha organizado una pelea de boxeo entre un detenido por robo agravado por uso de armas de fuego contra un policía en actividad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, explicó la denuncia.

El combate se realizó en el  Club Morón y fue calificado por la ONG como “una puesta en escena de un verdadero Circo Romano donde en lugar de cristianos y leones, ‘combaten’ la Ley y el Delito, en una dualidad de violencia legal ‘yuta-chorro’”.

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El boxeador detenido, Martín Segundo Jara Sepúlveda, alias “El Renacido”, cumple una condena en la cárcel bonaerense de Saavedra, mientras que el pugilista policía fue Julián Isaías Gómez, apodado “El Diamante”. El combate se realizó y terminó con nocaut a favor del policía antes del final del primer round.

La denuncia sostiene que “mientras el Estado tiene la finalidad de incentivar y difundir la concepción de la ‘No Violencia’ como política nacional, los denunciados organizan una pelea a puños entre un preso por robo agravado y un policía en actividad”.

“En nada cambia que el boxeo sea un deporte reglamentado, porque el lamentable espectáculo organizado contradice absolutamente la política de Paz Social que promulga el espíritu democrático establecido desde el prólogo de nuestra Constitución Nacional”, resumió la denuncia. La causa quedó radicada ante una UFI de Morón.