El abogado Martín de Vargas, querellante en la causa contra la diputada Carolina Píparo y su marido, Juan Ignacio Buzali por homicidio en grado de tentativa, denunció hoy por presunta “asociación ilícita” a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, su ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas y el intendente de La Plata, Julio Garro, por supuesta inteligencia ilegal en perjuicio de dirigentes gremiales bonaerenses.

“Vengo por la presente a formular denuncia penal contra los ciudadanos María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas y Julio Garro”, explicó De Vargas, quien se hizo eco de la denuncia de la AFI presentada en la víspera por una reunión entre empresarios, espías y funcionarios en oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires en junio de 2017.

“En los videos de público conocimiento se pueden observar la presencia de al menos 14 personas que en aparente connivencia con jueces y fiscales cometían diversos delitos”, describió el abogado”.

A Vidal, le imputa “ser la persona que imparte las directivas políticas a sus ministro” Villegas.

Vidal “no podría desconocer estas reuniones de Villegas, Garro y los empresarios identificados en los videos, constituyendo de tal modo una asociación para cometer delitos u asociación ilícita”, consideró.

“Se trata de funcionarios públicos que, reunidos con empresarios, reconocen expresamente vendrían teniendo reuniones con jueces, fiscales y el procurador general y que su finalidad es armar causas en connivencia con funcionarios judiciales para sacar del medio a sindicalistas”, precisó.

Además, evaluó que también pudieron haberse cometido los delitos de “prevaricato de los jueces y fiscales”, ya que se alude allí al procurador general bonaerense (sin nombrarlo, Julio Conte Grand) y a una fiscal y a un juez no identificados.

También les reprocha los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

“Esta materialidad ilícita tiene relación con los empresarios de la construcción presentes en los videos de público conocimiento que se verían beneficiados como terceros o como participes con el conato delictivo”, subraya la denuncia, que recayó en la UFI 5 de La Plata.

“Es también evidente como los funcionarios públicos venían preparando a personas que a la postre serian denunciantes o testigos en las causas que los funcionarios del Poder Ejecutivo conjuntamente con los jueces llevaría adelante”, añadió.

De Vargas pidió que “se libre oficio a la Agencia Federal de Inteligencia a los fines de que remita videos, documentación y todo otro dato de interés a los fines de ser agregados a la presente causa”.

De Vargas representa, entre otros clientes, a los jóvenes motociclistas que resultaron heridos en las primeras horas de 2021 cuando Píparo y su marido los embistieron confundiéndolos con los asaltantes que les habían sustraído sus pertenencias minutos antes, durante la celebración del Año Nuevo.

Buzali se encuentra actualmente en prisión domiciliaria, en tanto que ninguna acusación pesa sobre Píparo.