La jueza Elena Liberatori quedó a cargo de la causa por presuntas irregularidades en la utilización del sistema de reconocimiento facial de prófugos, en la Ciudad de Buenos Aires, después del apartamiento del Roberto Gallardo.

El 13 de julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia local apartó al juez Gallardo, quien había dictado una medida cautelar en la que suspendió el reconocimiento por datos biométricos. Si bien estaba autorizado para la búsqueda de unos 40 mil prófugos, había obtenido datos sobre más de siete millones de personas en unas diez millones de búsquedas. 

Una vez apartado, Gallardo envió el expediente a sorteo y resultó asignado el juzgado número cuatro, a cargo de Liberatori. Pero otra vez el gobierno porteño intentó el apartamiento de la jueza con el argumento de que el expediente no debió ser sorteado para decidir qué juez continuaría con su tramitación.

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“Se advierte cómo el magistrado recusado (Gallardo) incurrió en una nueva irregularidad, la que se suma a las ya cometidas y denunciadas por esta parte a lo largo del proceso, soslayando todas las reglas en materia de asignación de causas de acuerdo a los reglamentos del Fuero”, embistió con un escrito firmado por Roque Matías Di Biase, apoderado de la Procuración General de la CABA.  

“El expediente debió ser girado al primer Juez al que fue derivado tras el primer planteo recusatorio. No correspondía el sorteo entonces. Corresponde que la titular del Juzgado número cuatro se desprenda de inmediato de la causa”, reclamó la administración capitalina.

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El gobierno local pretendía que la causa fuera remitida al juzgado número uno, a cargo de la jueza Romina Tesone, pero esta se excusó de intervenir y despejó, de momento, el camino para la continuidad de la investigación. “Dado que la Magistrada (Tesone) se ha excusado de continuar entendiendo en las presentes actuaciones, el planteo formulado ha devenido abstracto”, resolvió Liberatori, al tiempo que declaró su “competencia para entender en las presentes actuaciones”.