La defensa del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, le remitió al tribunal oral que tiene asignada la Causa Cuadernos una copia del dictamen del fiscal Franco Picardi en el que pide la nulidad de todas las escuchas a detenidos en el penal de Ezeiza.

El abogado Alejandro Rúa, quien asiste a Baratta, aportó la documentación en el marco de un planteo de “nulidad de lo actuado en el legajo principal a partir de la violación de derechos” del ex funcionario.

Baratta sostiene que fue víctima de “espionaje ilegal y la escucha y transcripción indebida de las comunicaciones a las que accedieron el agente fiscal y el juez instructor del proceso”, Carlos Stornelli y el difunto Claudio Bonadio.

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La defensa de Baratta consideró importante el dictamen de Picardi –en otra causa, la conocida como “Puf Puf”- “por sus consideraciones respecto de que “las escuchas y transcripciones mencionadas carecen de entidad para ser consideradas válidas de conformidad con las reglas de la exclusión de la prueba”.

El dictamen de Picardi sostiene que las grabaciones a los ex funcionarios kirchneristas en el penal de Ezeiza, son “prueba ilícita, y su obtención y utilización vulnera el derecho a la intimidad”.

“Considero que debe excluirse del proceso toda la actividad jurisdiccional vinculada a la incorporación del resultado de las intervenciones telefónicas, y sus posteriores transcripciones”, sostuvo el fiscal.

El escrito subraya que “dicho acto del juez por entonces a cargo del Juzgado Federal Número 11 (Bonadio) reconoce en definitiva el mismo origen espurio: la ‘filtración’ ilegal de interceptaciones telefónicas, cuestión que se hizo pública previo y concomitantemente a los actos jurisdiccionales tendientes a obtenerlas y que contamina y tiñe de ilicitud todo lo actuado en consecuencia”.

El abogado Rúa denunció “una directa afectación a derechos consagrados constitucionalmente a los ciudadanos, en el caso Baratta”.