La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial consideró que expresiones del presidente, Alberto Fernández, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso “no contribuyen a un diálogo productivo ni respetan los límites de las funciones y constituyen un agravio que socava los pilares de la República”.

“Considerar que decisiones judiciales adversas al gobierno o a sus funcionarios que encuentran eventualmente su cauce de corrección en las vías recursivas pertinentes posicionan a un poder del estado como cómplice, no contribuye a un dialogo productivo”, sostuvo la organización que representa a jueces, fiscales y funcionarios de alto rango del Poder Judicial.

El presidente Fernández cuestionó a “algunos jueces que dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”.

En ese contexto, recordó que “a casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario” y calificó esa situación como “un acto de complicidad judicial con el poder económico”.

“Ofensas y agravios al Poder Judicial y a su cabeza la Corte Suprema, serán persistentemente rechazados por esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, contestó el documento de la corporación judicial.

La Asociación también replicó las críticas del mandatario al Poder Judicial y propuso que para mejorar el servicio de Justicia “seguramente, un punto de inicio deba ser cubrir las vacantes ya existentes con urgencia especial en aquellas jurisdicciones donde las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico realizan más daño y se tornan más violentas”.

“Los problemas complejos no admiten respuestas simples ni tampoco demoras”, añadió la corporación.

Además, reclamó mayor inversión en materia judicial, en especial para la implementación del sistema penal acusatorio.

“La implementación del Código Procesal Penal Federal requiere también de una inversión de fondos más que de una expresión de voluntad, como de una evaluación realista de sus alcances y fines en el que el lugar institucional de los Ministerios Públicos sea el correcto”, sostuvo la Asociación en un documento que lleva la firma de su presidente, el juez Marcelo Gallo Tagle.