La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, insistió este viernes ante la jueza María Eugenia Capuchetti en el secuestro de los teléfonos de las dos mujeres que estuvieron reunidas con el diputado Gerardo Milman en la confitería Casablanca dos días antes del intento de homicidio en su contra.

El abogado Marcos Aldazábal cuestionó la decisión de la jueza de rechazar el pedido formulado cuando las dos colaboradoras de Milman declararon convocadas ante el relato de un testigo que afirmó haber escuchado al diputado decir: “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

La querella sostiene que el análisis de los teléfonos podría contribuir a esclarecer si Milman sabía o no del atentado contra la vicepresidenta.

Pero Capuchetti rechazó el secuestro de los celulares porque consideró que la medida no estaba justificada y violaba las garantías de privacidad contempladas en la Constitución Nacional.

El escrito cuestiona que se haya descartado ese elemento de prueba sobre la sospecha instalada por un asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri sobre el conocimiento que Milman pudo haber tenido previo al ataque.

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En ese sentido, la querella advirtió que “la investigación no llegará muy lejos” si no se agotan las posibilidades de determinar si lo que declaró el asesor parlamentario fue real o no.

Para ello, consideró la querella, el secuestro de los teléfonos de las colaboradoras de Milman, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco , estaban “plenamente justificados”.

El rechazo, añadió Aldazábal, limita la posibilidad de corroborar la veracidad de la versión a una confesión del propio Milman o a la declaración de alguien que ratifique lo que dice haber escuchado el asesor parlamentario.

El tono enérgico del planteo parece presagiar una tensión en la relación de la querella con la jueza a cargo de la investigación.