El Tribunal Oral número 29 convocó a todas las partes a pronunciarse sobre la inminente realización del juicio por una  supuesta defraudación al Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante un crédito para un mega emprendimiento en el predio de la Sociedad Rural de Palermo en los 90.

El presidente del tribunal oral, Juan María Ramos Padilla, dispuso que “a los fines de agilizar el trámite de esta causa corresponde oír a las partes para que se pronuncien en consecuencia”.

Lo hizo después de que la Cámara de Casación porteña rechazara definitivamente un planteo de los imputados de “prescripción por violación a la garantía a ser juzgados en un plazo razonable”.

En la causa están imputados a ex funcionarios y directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por presunta “malversación de caudales públicos”.

El expediente es una derivación de otra causa en la que había sido condenado el difunto ex presidente Carlos Menem por la venta a precio vil del Predio Ferial de Palermo, por unos 30 millones de dólares cuando su valor de mercado superaba los 132 millones de la divisa norteamericana.

La Cámara Federal de Casación, en ese expediente principal, declaró la prescripción de la acción y salvó a Menem de la condena.

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No obstante aquel fallo, quedó pendiente esta parte de la causa, en la que se investiga si un grupo de empresas prometieron financiar con fondos propios la construcción de un complejo de cines, restaurantes, discoteca, anfiteatro, centro cultural y estacionamiento, que nunca se concretó.

Los aportes privados nunca aparecieron pero hubo, en cambio, un crédito de unos 150 millones de dólares del Banco Provincia, que según la acusación nunca se recuperaron.

El juez Ramos Padilla aceleró el proceso para llamar a juicio argumentando que “al confirmarse la resolución a través de la cual no se hizo lugar a la extinción de la acción penal por prescripción que fuera solicitada por las defensas, el voto de la mayoría de la Sala que tomó intervención en el asunto señaló que sin perjuicio de ello, cabrá exhortar al Tribunal Oral interviniente para que analice si en el caso es posible celebrar debate”.

La fiscalía, a cargo de Sandro Abraldes, y las defensas de los imputados, deberán ahora responder a la requisitoria del juez, como paso previo a la realización del debate oral.