El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó hoy en la Cámara de Diputados, donde insistió en aprobar una reforma del Consejo de la Magistratura para "ponerle fin a este entuerto" que a su entender provocó la Corte Suprema declarando inconstitucional la norma actual y "devolviéndole la vigencia a una ley derogada".

En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, el funcionario kirchnerista acusó al máximo tribunal de haberse "metido por la ventana" del Consejo de la Magistratura a través de un "fallo político" en el que "atentó contra la división de poderes".

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Sin pelos en la lengua, denunció una supuesta "intervención política" en el Consejo, que recuperó la composición que tenía hasta el 2006 de 20 integrantes, con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al frente del organismo encargado de evaluar y designar a los jueces.

Soria recordó que el plazo de 120 días que había dispuesto la Corte Suprema en su fallo del 16 de diciembre del año pasado para que el Congreso aprobara una nueva ley del Consejo de la Magistratura era "incumplible".

"Todos sabíamos que ese fallo no iba a poder ser cumplido. Era prácticamente incumplible esos 120 días. Y no nos equivocamos, fíjense la fecha en la que estamos y todavía no tenemos ley", afirmó.

El plazo expiró el pasado 15 de abril pasado sin que el oficialismo pudiera poner el tema en agenda, entre otras factores por la falta de constitución de las comisiones, y se volvió a la antigua composición de 20 miembros del Consejo, con Rosatti en la presidencia.

Para el ministro, aquel "fallo político" de diciembre del año pasado supuso "una profunda gravedad institucional que revestía que el Congreso de la Nación se viese obligado a legislar bajo presión".

"Lamentablemente hoy esta Cámara de Diputados ya no está obligada a legislar bajo presión; la Corte hoy lo que ha generado este que esta Cámara ya esté directamente trabajando en la sanción de una ley durante la flagrante intervención de la Corte en el Consejo", reprochó.

Asimismo, el titular de la cartera de Justicia señaló que aquella decisión judicial de la Corte "socava y atenta también contra las facultades constitucionales" del Poder Legislativo, y aclaró que esto "no lo dice solamente un ministro, el presidente o la vicepresidenta", sino que "lo dice uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema", en alusión al voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti.

A continuación, Soria defendió el proyecto del oficialismo, el cual propone una composición del cuerpo con 17 integrantes, con paridad de género y excluye a miembros de la Corte Suprema. 

Prevé además la creación de cuatro regiones federales (AMBA, Norte, Centro y Sur), y que cada una de ellas tenga un representante abogado y otro representante juez en el Consejo de la Magistratura.

El resto de los miembros provendrían del Congreso (6 integrantes), del ámbito académico/universitario (dos representantes) y uno designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

"Se trata de saber si todos queremos un Consejo de la Magistratura que funcione más equitativamente, que sea menos corporativo o por el contrario quieren concentrar el poder en manos de unas pocas personas o en una persona", aseguró.

En tanto, el ministro señaló que el texto del Poder Ejecutivo, aprobado con cambios por el Senado, "es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo, para que diputados y diputadas puedan incorporar aportes y consideraciones".

Desde Juntos por el Cambio no acompañan el proyecto oficialista, ya que excluye a la Corte Suprema de la presidencia del órgano.

Sobre este punto, Soria recordó que  en diciembre del 2017, durante el gobierno de Cambiemos, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano "presentó en el Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura muy, pero muy parecido al que hoy estamos analizando", sin la participación de miembros de la Corte.

Y al respecto agregó que en abril de 2018, "en una extraña reunión” la Corte recibió al exjefe de Gabinete Marcos Peña y Garavano, y que tras ese encuentro "de golpe y porrazo desaparece el expediente, se le pierde el rastro".

"No sabemos en qué cajón de esta Corte ese expediente durmió el sueño de los justos", apuntó Soria, que aclaró que el Frente para la Victoria en ese momento no acompañó porque "el proyecto planteaba la modificación de las mayorías para el quórum", lo cual les parecía "grave".

El proyecto del oficialismo tiene media sanción del Senado, pero en Diputados enfrenta un escenario más complejo. En principio, no tiene los votos suficientes para aprobarlo en el recinto, al margen de si le alcanzaría previamente para la firma del dictamen del mayoría. La única opción viable que le quedaría al Frente de Todos es adherir al dictamen de Graciela Camaño, y cuando el proyecto vuelva con cambios al Senado, ratificar allí la media sanción original.

Por lo pronto, si el dictamen oficialista no recibiera cambios, sólo contaría con la ayuda de los dos diputados de Juntos Somos Río Negro, a juzgar por la adhesión en el Senado del legislador del mismo partido provincial Alberto Weretilneck. 

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