Mariano Bruera, hermano del ex intendente de La Plata Pablo Bruera –de cuyo gobierno fue funcionario- fue condenado a seis años de prisión por “asociación ilícita” que exigía sobornos a propietarios de terrenos para parcelarlos y comercializarlos en el marco del programa de construcción de viviendas PROCREAR.

El Tribunal Oral número dos de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernad, Hernán Decastelli y Silvia Hoerr, dio por probada la existencia de una organización enquistada en el gobierno comunal al menos en el primer semestre de 2014, cuando Pablo Bruera era intendente de La Plata.

Según la decisión del tribunal, esa organización era integrada también por el ex  secretario de Gestión Pública Enrique Sette y otros funcionarios y empleados municipales.

Sette fue condenado a ocho años de prisión, una pena mayor a la de Bruera porque en su caso se incluyeron agravantes y otros delitos.

El empresario Gustavo Orlandi fue condenado a dos años y medio en suspenso por el supuesto pago de sobornos para obtener  la rezonificación de lotes en la localidad de City Bell, periferia de La Plata.

Mariano Bruera estuvo detenido en el marco de esta causa durante más de dos años.

El fallo habilita la prosecución de la investigación sobre el ex intendente Pablo Bruera y otros ex funcionarios de su gobierno platense.

La causa se inició en 2014 por la denuncia de un propietario de tierras en los alrededores de La Plata, quien sostuvo que integrantes de la supuesta organización le habían exigido un pago ilegal de 220 mil dólares para rezonificar el terreno mediante una aprobación administrativa por decreto municipal.

Para ello, según la denuncia, se valían de una modificación del Código de Ordenamiento Urbano que establecía excepciones para el parcelamiento de terrenos de dimensiones superiores a una hectárea sin necesidad de la aprobación del Concejo Deliberante.

Los pagos ilegales por los que los ex funcionarios fueron condenados se producían –según la acusación- a cambio de la aprobación de la rezonificación de los terrenos para ponerlos en el mercado para su utilización en el Plan PROCREAR.

Los condenados en primera instancia no irán aún a prisión puesto que la sentencia no está firme.