La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dará el primer paso este jueves cuando inicie el procedimiento para sentar en el banquillo de los acusados a los cuatro magistrados de la Corte Suprema a raíz de una serie de actuaciones que el oficialismo considera arbitrarias y fuera de todo marco ajustado a Derecho.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, convocó a los 31 integrantes del cuerpo a darse cita en la Sala 1 del anexo a partir de las 11 hs, para iniciar una intensa hoja de ruta que tendrá en la línea de largada la reunión para pasar en limpio la agenda y modalidad de trabajo, y despejar las dudas de los legisladores. 

Juntos por el Cambio anticipó que sus representantes en la comisión no colaborarán en dar quórum, aunque también aclaró que si el oficialismo reúne el número ellos participarán del debate.

"El 26 de enero será la primera reunión de trabajo, el 2 de febrero se reciben a los autores de proyecto y el 9 sale el informe de admisibilidad sobre si las denuncias tienen sustento, y ahí se avanza a comenzar la investigación y la apertura de sumario", había detallado Gaillard en declaraciones radicales

Es decir que la reunión clave de la comisión será el día 9 de febrero cuando se procederá al análisis de la verosimilitud de las denuncias realizadas y se evaluará la admisibilidad de los pedidos de juicio político.

Si del estudio previo del expediente surgen indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia de juicio político, se procederá a dictaminar la apertura del sumario.

Concluida esta etapa preliminar, se iniciará una segunda fase denominada "informativa" o "sumarial", que consiste consiste en la producción de toda la prueba para formular luego la acusación (o no).

El sumario se sustancia con informes, inspecciones, registro y secuestro de elementos, intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas con intervención de un juez, citación a testigos y a los acusados para que hagan uso de su derecho de defensa.

Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que haga su descargo mediante un informe escrito u oral. La incomparecencia del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.

LEÉ: Visita oficial: Alberto Fernández y Lula se reúnen en Casa Rosada

Terminada esta etapa, sobrevendrá la fase "resolutiva", que es cuando las actuaciones pasan a estudio de la comisión para su dictamen definitivo. 

Si la Comisión resolviera que es improcedente el juicio político, así lo declarará en su dictamen, aconsejando su rechazo al Plenario de la Honorable Cámara de Diputados. Pero si a criterio de la Comisión hubiese motivos fundados para el enjuiciamiento, lo hará constar en su dictamen, pronunciándose sobre cada uno de los cargos, elevando lo resuelto a la Honorable Cámara de Diputados.

Con 16 de los 31 miembros, el oficialismo -si logra contener cualquier peligro potencial de fugas- tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación por mal desempeño contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti. 

Habían dudas sobre qué iban a hacer los representantes massistas, ya que el ministro de Economía, Sergio Massa, nunca se pronunció sobre la polémica respecto de las denuncias contra la cúpula de la Corte.

Es sabido que los pedidos de juicio político generaron rechazo en el ambiente empresarial, donde alertan sobre un supuesto impacto en la seguridad jurídica de las inversiones en un país donde se ponen en tela de juicio los arbitrajes judiciales de la máxima instancia. Eso podría generar turbulencias en la gestión económica de un ministro que debe sostener frágiles equilibrios con los distintos actores del mercado. Además, el juicio político a la Corte impedirá que avancen proyectos prioritarios para la cartera económica como la ley de blanqueo. 

En este contexto, la semana pasada, la diputada massista Vanesa Massetani anunció que se bajaba de la comisión por un asunto personal que nunca se clarificó. En su lugar asume el diputado riojano Ricardo Herrera, alineado a su gobernador Ricardo Quintela, quien está a favor del juicio político a la Corte.

Con este movimiento quedó bastante claro que el Frente de Todos no va a dejar ningún cabo suelto ni nada al azar en su afán por abrir el expediente de acusación contra la Corte Suprema.

En el recinto la tendrá mucho más difícil porque allí se requiere de las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes para aprobar el dictamen de la acusación y que el trámite continúe en el Senado con el enjuiciamiento.

Pero si milagrosamente Diputados aprobara el dictamen, el siguiente paso se daría en el Senado, donde uno o dos integrantes de la Cámara baja deberían presentar la acusación. En el Senado también se requiere de una mayoría de dos tercios, en este caso para declarar culpables a los jueces de la Corte y de esa manera desafectarlos del máximo tribunal, inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.

La actividad de la comisión de Juicio Político obturará el trabajo de las demás comisiones. Al menos eso fue lo que advirtió Juntos por el Cambio, que avisó que en la medida en que el oficialismo sostenga la ofensiva contra la Corte Suprema no participará de los demás debates de leyes en el período de sesiones extraordinarias.

Si así fuera, quedarían fuera de carrera proyectos muy importantes como la nueva moratoria previsional, el blanqueo de capitales y una reforma a la ley de lavado de activos.

El accionar de la Corte quedó en el ojo de la tormenta por sospechosos chats que tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero de la presidencia de la Corte, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

En esos chats queda expuesta toda una trama de tráfico de influencias y un sesgo de la Corte a favor de la Ciudad en el conflicto por la coparticipación y a favor de Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.