La Cámara Federal agravó la situación de tres ex secretarios del ex juez Juan José Galeano por sus responsabilidades en las irregularidades en la investigación por el atentado contra la AMIA.

Por mayoría, los camaristas Roberto Boico y Juan Carlos Bonzón le ordenaron al juez de primera instancia Sebastián Ramos que dicte una nueva resolución sobre la situación de los ex secretarios judiciales Carlos Alfredo Velasco, María Susana Spina y Javier de Gamas (este último hoy juez de instrucción en Ushuaia).

Todos están imputados por haber participado en la maniobra por la cual el desarmador de autos  y hoy abogado Carlos Telleldín cambió su declaración para involucrar falsamente a un grupo de policías bonaerenses en el atentado, a cambio de 400 mil dólares.

El camarista Mariano Llorens se había inclinado por sobreseer a todos los acusados.

El juez Ramos sólo los había procesado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y, en el caso de Velasco, le sumó la figura de “destrucción de medios de prueba”.

Pero ahora, tras un exhaustivo análisis de toda la causa, los camaristas Boico y Bonzón consideraron que las responsabilidades de los ex funcionarios exceden a esa figura y alcanzan a las de “encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”.

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El fallo ratifica el carácter de “lesa humanidad” de los hechos atribuidos a los ex secretarios judiciales: “la caracterización de los hechos atribuidos como crímenes imprescriptibles con arreglo a lo previsto en el orden internacional de los derechos humanos tiene sustento probatorio y argumental”.

La Cámara también ratificó el sobreseimiento de un cuarto acusado, José Fernando Mariano Pereyra.

El fallo de primera instancia minimizaba la responsabilidad de los ex secretarios porque “se encontraban al margen en términos de conocimiento sobre el objeto final de la acción”.

“Galeano persiguió su objetivo a través de su función de juez federal en coordinación con otros funcionarios de Estado que ocupaban lugares estratégicos para que ese fin rinda sus frutos, y a sabiendas de ello, contando con ese apoyo, daba órdenes que sabía fehacientemente iban a ser cumplidas por sus secretarios”, había sostenido el juez Ramos.

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Pero ahora la Cámara consideró que “el juez, en su fallo, limitó la responsabilidad a un desvío funcional por la falta de constancia adecuada de los eventos puntuales de las ‘entrevistas’ con Telleldín y a la destrucción de evidencias de hechos delictivos. A la par, descartó el involucramiento en las maniobras centrales por las que se condenó a Galeano”.

“Los indicios reunidos sobre todos los eventos precisados en este apartado conducen a sostener, en cuanto a la última de esas conclusiones, lo contrario: hay elementos suficientes para avanzar en el proceso con arreglo a la hipótesis global del caso que han erigido las querellas”, añadió el voto mayoritario.

Los camaristas encomendaron al juez de primera instancia que “inmediatamente devueltas las actuaciones, emita una decisión conforme al criterio precedente”.

Ello deberá incluir, además, una readecuación de los embargos, que en el caso de Velasco trepó a un millón de pesos y para el resto, a 400 mil pesos.