La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió hoy ante la Justicia la aplicación del protocolo anti-piquete luego que fuera cuestionada por agrupaciones de izquierda. 

El juez Sebastián Casanello dispuso una audiencia para escuchar a la ministra, quien estuvo presente durante algunos minutos en el segundo piso de Comodoro Py acompañada por otros funcionarios de la cartera de seguridad.

Desde el Ministerio hicieron una defensa en términos políticos de la implementación del protocolo ante la protesta callejera tal cual ya lo habían hecho por escrito en un descargo ante el juez.

En cambio, el MST encabezados por la legisladora porteña Celeste Fierro cuestionó el protocolo porque entienden que da más poder de actuación a las fuerzas de seguridad sin previa orden judicial ante las protestas.

Casanello hizo varias preguntas a las partes y lo mismo de su parte la fiscal federal Patricia Ochoa pero la audiencia pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana aún sin día ni horario definido. 

Fierro había postulado la inconstitucionalidad del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" y Casanello le había pedido al Ministerio de Seguridad informes sobre la elaboración y aplicación de esa normativa.

El Ministerio de Seguridad le respondió que el Protocolo es legal, fue dictado dentro de las competencias de esa cartera y no recibió denuncias de abusos por parte de fuerzas de seguridad a raíz de su aplicación.

“La Resolución ahora cuestionada no transgrede disposición alguna, ni de la Constitución Nacional, ni de los Tratados sobre Derechos Humanos, menos aún las normas internacionales del Trabajo, en particular el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación”, enfatizó el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich.

Casanello resolvió dictar una medida que actúe “como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales”.

El juez advirtió: "Los términos del protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitación de poder punitivo por fuera de la norma penal emanada del poder legislativo y/o de interpretación reservada al poder judicial”.

En ese contexto, ordenó que, "frente a situaciones que impliquen la posible comisión de un delito contemplado en el Código Penal, el personal de las fuerzas de seguridad deberá, a la par de proteger los bienes jurídicos amenazados, efectuar la inmediata consulta con el Juzgado y/o Fiscalía de turno correspondiente”.

“Las fuerzas de seguridad tienen un rol de auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal", recordó el magistrado.