El juez federal Sebastián Casanello escuchará hoy a partir de las 11 de la mañana los argumentos a favor y en contra del protocolo anti piquete aplicado por el Gobierno Nacional ante la protesta callejera. 

La audiencia es en Comodoro Py y fue convocada la parte demandante que es la legisladora Celeste Fierro del MST, mientras que enfrente está el Ministerio de Seguridad, por lo cual podría ir su titular Patricia Bullrich o cualquier otro funcionario en su representación.

La dinámica es permitir a cada parte argumentar a favor y en contra del protocolo y luego el juez resolverá sobre su legalidad. Por lo pronto, rechazó ya una cautelar para frenar su aplicación y se supone que habrá una definición luego de escuchar a las partes. 

Fierro había postulado la inconstitucionalidad del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" y Casanello le había pedido al Ministerio de Seguridad informes sobre la elaboración y aplicación de esa normativa.

El Ministerio de Seguridad le respondió que el Protocolo es legal, fue dictado dentro de las competencias de esa cartera y no recibió denuncias de abusos por parte de fuerzas de seguridad a raíz de su aplicación.

“La Resolución ahora cuestionada no transgrede disposición alguna, ni de la Constitución Nacional, ni de los Tratados sobre Derechos Humanos, menos aún las normas internacionales del Trabajo, en particular el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación”, enfatizó el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich.

Casanello resolvió dictar una medida que actúe “como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales”.

El juez advirtió: "Los términos del protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitación de poder punitivo por fuera de la norma penal emanada del poder legislativo y/o de interpretación reservada al poder judicial”.

En ese contexto, ordenó que, "frente a situaciones que impliquen la posible comisión de un delito contemplado en el Código Penal, el personal de las fuerzas de seguridad deberá, a la par de proteger los bienes jurídicos amenazados, efectuar la inmediata consulta con el Juzgado y/o Fiscalía de turno correspondiente”.

“Las fuerzas de seguridad tienen un rol de auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal", recordó el magistrado.