Organizaciones sociales, religiosas, sindicales  y de la economía popular avanzaron en la creación de una ley de “bien restituido” destinada a disponer “el uso social de los bienes recuperados al crimen organizado”.

La iniciativa es financiada por la Unión Europea y apunta a “la presentación de un anteproyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de crear un sistema racional y transparente que promueva la reutilización social y económica de los bienes cautelados y decomisados del crimen organizado”.

El objetivo es “reparar el daño producido a las víctimas, a la sociedad y al propio Estado”, según explicaron las organizaciones mediante un documento.

El Juez Federal Sebastián Casanello, en su calidad de asesor técnico-legal, explicó que “este proyecto de administración de bienes, nacido de la sociedad civil, está pensando en la gente. Es una manera de hacer participar a la sociedad civil de la solución del conflicto penal. Es una manera de empoderar a la ciudadanía”.

“En cada caso, habrá un fiscal que investigue, un juez que dicte sentencia, pero con este proyecto se busca también que haya una reparación, pensando en que los bienes recuperados deben volver a la ciudadanía”, precisó.

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El proyecto cuenta con el apoyo y la participación de la organización internacional Scholas Ocurrentes, apoyada y promovida por el Papa Francisco, y la Fundación Catedral de la Fe, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP), la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).

También participan de la iniciativa la Red Impuestos, Control y Justicia (ICJ), la Fundación Fundar, la Asociación De Fiscales Y Funcionarios Del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y la Asociación de Jueces Federales (AJUFE).

Durante un encuentro realizado en la sede de Cáritas, los intervinientes discutieron “acerca de distintas aristas relacionadas a la restitución social de bienes recuperados del delito, impulsadas por la necesidad de materializar un conjunto de nuevas leyes y protocolos, con una mirada y un pragmatismo moderno, preciso, con perspectiva económica y de género”.

“Generamos consensos, no sólo con operadores judiciales sino con organizaciones de la economía popular y organizaciones académicas de distintas regiones del país. Generamos reuniones en el ámbito político y observamos que todos estamos de acuerdo en que existe un vacío muy grande en sobre cómo administrar los bienes cautelados y decomisados a la criminalidad organizada”, indicaron los impulsores del proyecto.

El Estado argentino carece de un listado unificado de bienes cautelados y decomisados, por lo que se desconoce “la cantidad física ni la valuación económica total de dichos bienes”.

La iniciativa Bien Restituido “propone la creación de una agencia de control que unifique los registros y que determine un modelo de valuación”.

En ese sentido, procura “un amplio consenso que permita avanzar en el desarrollo y posterior aprobación de una ley para combatir el crimen organizado a través del recupero de activos para reutilizarlos con orientación social, poniendo en un primer plano a la ciudadanía”, explicaron los impulsores.